En otros países, ser vacado por “incapacidad moral permanente” suele ser el final vergonzoso de una carrera política. En el Perú, en cambio, puede ser el comienzo de una jubilación dorada. Diez días después de que el Congreso la sacara de Palacio por incapacidad moral, Dina Boluarte activó el mecanismo para acceder a una pensión vitalicia y a todo el combo de privilegios que la Ley 26519 y los acuerdos de Mesa Directiva regalan a los expresidentes: sueldo de por vida, carro oficial, gasolina, personal y seguridad.
La carta enviada al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, es un monumento al eufemismo: en su “condición de expresidenta constitucional” solicita la pensión establecida por ley, que podría ubicarse entre S/26 000 y S/35 000 mensuales, según la validación del aumento salarial que ella misma aprobó meses antes de caer, cuando subió su sueldo de S/15 600 a S/35 568. Un acto de previsión admirable… consigo misma.
Pero la pensión es solo el primer regalo de este árbol navideño político. La exmandataria pide además vehículo oficial de uso permanente, 150 galones mensuales de gasolina, personal de seguridad, un trabajador CAS de libre elección pagado por todos y la continuidad de su seguro de salud privado. Todo esto mientras enfrenta investigaciones fiscales por las decenas de muertes en las protestas de 2022-2023 y otros casos vinculados al uso del poder presidencial.
La paradoja es obscena: una presidenta que terminó su mandato de forma abrupta, con niveles récord de desaprobación y destituida por incapacidad moral, reclama ahora ser tratada como si hubiera completado un quinquenio ejemplar. En el discurso, asegura tener la conciencia tranquila; en los hechos, exige que el Estado le garantice un retiro blindado con recursos públicos. El mensaje al país es devastador: la ética puede ser opcional, el beneficio jamás.
El Congreso tiene ahora la “pelota en la cancha”: decidir si convalida que una autoridad vacada por incapacidad moral reciba una pensión vitalicia casi del doble de la que la ley concibió originalmente para los expresidentes. No es un trámite administrativo; es una definición política sobre qué tipo de conducta el Estado está dispuesto a premiar.
Reflexión final
Si la destitución por incapacidad moral termina siendo la antesala de una jubilación dorada, el mensaje a futuro es claro: gobernar mal puede salir caro para el país, pero muy rentable para quien lo hace. Y ese sí sería el peor precedente para cualquier democracia que aspire a tomarse en serio a sí misma.