El Perú está a punto de romper un récord que nadie quiere ostentar: el de homicidios en un solo año. Hasta el 22 de noviembre de 2025, 1.998 personas han sido asesinadas. Solo 85 homicidios separan al país del registro más sangriento, alcanzado en 2024 con 2.083 víctimas. Hoy el promedio ya no es de cinco, sino de seis asesinatos cada 24 horas. En este escenario, el Gobierno de José Jerí insiste en un recetario único: más estados de emergencia.
Según el análisis de Juan Carbajal, la tendencia es clara: 2025 terminaría superando el récord de 2024. Nada indica lo contrario. Y, sin embargo, el mensaje oficial es que la criminalidad ha sido “contenida, aunque no como se quisiera” y que la herramienta “fundamental” son los estados de emergencia que permiten intervenciones sin orden judicial. La pregunta es inevitable: ¿contenida para quién, y con qué métricas?.
Solo durante el gobierno de Jerí, desde el 10 de octubre, el país registra 231 asesinatos, con un promedio de 5,37 homicidios diarios. Al mismo tiempo, se han encadenado declaraciones de emergencia en Lima y Callao, Trujillo, Virú, Tumbes y Zarumilla. Todas estas zonas ya habían pasado por regímenes similares bajo Dina Boluarte y Pedro Castillo, sin resultados sostenibles. La fórmula se repite; los números se agravan.
El problema no es solo la herramienta, sino la ausencia de un verdadero plan. No existe –al menos de cara a la ciudadanía– un documento integral, nacional, estratégico, discutido y suscrito por todos los actores clave: Justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, gobiernos locales y Congreso. Sin metas claras de reducción de homicidios, sin indicadores públicos, sin cronogramas ni responsabilidades precisas, el estado de emergencia deja de ser política y se convierte en gesto.
Peor aún, la excepcionalidad se vuelve rutina. Se normaliza gobernar en emergencia, como si el país no pudiera concebir la seguridad ciudadana fuera de un régimen de derechos recortados. Limitar el tránsito nocturno, militarizar territorios, ampliar plazos “el tiempo que sea necesario” suena firme en el discurso, pero esquiva lo esencial: inteligencia criminal, control efectivo de penales, rastreo de armas y vehículos, persecución financiera a las organizaciones, presencia preventiva del Estado en barrios capturados por la extorsión.
La insistencia en el mismo mecanismo, pese a su evidente insuficiencia, revela algo más profundo: la comodidad de un poder que prefiere la apariencia de acción a la complejidad de la reforma. Declarar emergencias es rápido y visible; construir una política pública integral, coordinada y evaluable es lento, exige consensos y expone responsabilidades.
Esta editorial no desconoce la gravedad del desafío ni la ferocidad del crimen organizado. Precisamente por ello, el país no puede resignarse a una seguridad administrada a punta de decretos temporales. El primer paso ineludible es un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana verdadero, con objetivos verificables, participación ciudadana y supervisión independiente.
Si el Estado continúa sin brújula estratégica, el conteo de homicidios seguirá corriendo hasta convertir la estadística en costumbre. Y cuando la muerte se vuelve rutina, no solo fracasa un gobierno: se debilita la idea misma de justicia y de dignidad para quienes aún aspiran a vivir sin miedo.