Que Cecilia Bákula advierta que “Machu Picchu está en la mira de inclusive perder la condición de patrimonio” debería encender todas las alarmas nacionales. Pero el país asiste a esta frase como a una anécdota más en el ruido diario. Ni Dina Boluarte antes, ni José Jerí ahora, han asumido el mínimo liderazgo para una gestión unificada y seria de nuestro principal símbolo ante el mundo. El problema no es solo técnico: es político y ético. Un Estado que abandona su memoria también abandona a su gente.
Lo que Bákula describe no es un susto retórico. Desde su experiencia en la UNESCO recuerda que ya antes se tuvo que desplegar una intensa diplomacia para evitar que Machu Picchu ingrese a la lista de Patrimonio en Riesgo. Hoy, lejos de haber aprendido la lección, seguimos improvisando con superposiciones de competencias, peleas entre sectores, autoridades locales desconectadas y una política cultural fragmentada.
Mientras tanto, Caral sobrevive gracias al esfuerzo casi heroico de Ruth Shady; Kuelap se derrumba y se recompone a medias; Pajatén permanece en el limbo; y Choquequirao, Caral, Áspero u otros sitios monumentales luchan por existir en la agenda pública más allá de la foto turística. El patrimonio se sostiene por la terquedad de unos pocos, no por una estrategia de Estado.
Boluarte no hizo nada más allá de discursos vacíos y spots turísticos. Jerí, hasta ahora, continúa la misma línea: silencio, desarticulación y ausencia de una política cultural integrada que ponga en la mesa a Cultura, Economía, Ambiente, gobiernos regionales y sector turismo con objetivos claros, presupuestos estables y metas medibles. Se habla de OCDE, de inversiones y de “marca país”, pero se deja desprotegido justamente aquello que nos hace relevantes ante el mundo.
La advertencia de Bákula es clara: sin gestión unificada, sin reglas firmes frente al turismo depredador, sin inversión en conservación y sin educación ciudadana, Machu Picchu y otros sitios pueden dejar de ser orgullo para convertirse en evidencia de negligencia.
Perder la condición de Patrimonio Mundial no sería solo un golpe turístico. Sería la confesión de que el Perú fue incapaz de cuidar aquello que decía venerar. No se trata de un problema “del Cusco” o “del norte”, sino de un fracaso nacional: el Estado que prefiere la foto que inaugura antes que la política que preserva.
Reflexión final
El patrimonio podría ser el gran proyecto común que nos una por encima de las fracturas políticas, pero la indiferencia oficial lo está convirtiendo en una ruina moral. Si Machu Picchu entra en la categoría de “en riesgo”, no será culpa de la lluvia ni del tiempo, sino de un país que decidió olvidar que sin memoria histórica no hay futuro posible, por más eslóganes y campañas que se inventen desde Palacio.