Pedro Castillo no cayó por intrigas del “poder económico”, ni por ser maestro rural, ni por ser campesino. Cayó porque, desde la Presidencia de la República, intentó un autogolpe torpe pero deliberado: disolver el Congreso, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Hoy carga una condena de más de 11 años de prisión y, aun así, insiste en venderse como víctima del sistema. Lo grave no es solo lo que hizo, sino el intento de maquillar un quiebre democrático como si hubiera sido un acto de valentía popular.
El 7 de diciembre de 2022 no fue un mal día de comunicación política: fue el día en que el jefe de Estado leyó, en cadena nacional, un guion que buscaba dinamitar el orden constitucional. No estaba solo ni improvisaba: hubo reuniones previas, mensaje redactado, cómplices identificados y ministros presentes en el teatro del poder. Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta no eran extras confundidos, sino parte de una coreografía para imponer por decreto lo que no se podía conseguir por votos.
La Sala Penal Especial ha condenado a Castillo y a Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel. Torres y Huerta también reciben penas e inhabilitaciones. No se juzga una frase mal dicha: se sanciona la decisión consciente de usar la investidura presidencial para quebrar las reglas del juego. Que el tribunal haya recalificado de rebelión a conspiración no reduce la gravedad: el mensaje fue la orden de demolición, aunque el edificio resistiera.
Frente a esto, Castillo responde con su libreto habitual: dice que solo “leyó una hoja”, se arropa en su identidad de maestro y campesino y afirma que todo es un montaje del “golpe real”. Es una maniobra cínica: convierte el abuso de poder en gesto heroico y pretende que sus votantes confundan representación popular con licencia para pisotear la Constitución.
Mientras simpatizantes bloquean accesos al penal Barbadillo, el expresidente intenta seguir capitalizando políticamente su propio autogolpe, como si la condena fuera un certificado de autenticidad revolucionaria.
La sentencia a Castillo es más que un castigo individual: es un aviso. Un presidente que traiciona las reglas democráticas no es un líder valiente, es un riesgo para todos, incluidos aquellos que votaron por él. El “gobierno del pueblo” terminó intentando gobernar contra el pueblo, encerrándolo en un experimento autoritario que fracasó por incapacidad, no por falta de intención.
Reflexión final
El país no puede darse el lujo de romantizar a un autogolpista solo porque habló en nombre de los de abajo. Si esta condena no se entiende como una línea roja —para la izquierda, la derecha y cualquiera que sueñe con atajos— el próximo intento vendrá mejor ensayado y con menos torpeza. Y entonces quizá no haya tiempo para otra sentencia, porque la democracia habrá llegado demasiado tarde, como suele ocurrir cuando la gente se enamora del caudillo y olvida la Constitución.