En una maniobra de última hora, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó, con los votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP, un predictamen que entrega a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un poder decisivo sobre jueces y fiscales provisionales. Diez votos a favor, seis en contra y tres abstenciones bastaron para mover las bases del sistema de justicia. No fue un debate de reforma, fue una operación política quirúrgica: cambiar las reglas del juego mientras el país mira a otro lado.
El proyecto, impulsado por el congresista Américo Gonza y respaldado por el defensor del Pueblo, convierte a la JNJ en la gran puerta de entrada para jueces y fiscales provisionales en todos los niveles, y redefine la duración de los cargos de presidente de la Corte Suprema y fiscal de la Nación. Sobre el papel, suena a “orden” y “meritocracia”. En la práctica, significa concentrar en un solo órgano, hoy bajo fuerte presión política, la llave de quién investiga, quién sentencia y por cuánto tiempo.
El discurso oficial repite que se quiere acabar con jueces “puestos a dedo” y con fiscales que “responden a quien los nombró”. Pero el contexto desmiente la inocencia: el mismo bloque político que ha intentado recortar y someter a la JNJ ahora le regala la facultad de definir qué fiscales provisionales ocuparán puestos clave, y reduce los periodos de las más altas autoridades para hacer más frecuente su reemplazo. ¿Reforma institucional o tablero ajustado para un mejor blindaje?
Cuando se argumenta que “un solo juez no puede estar por encima de la voluntad de millones de peruanos”, se olvida algo básico: en democracia, la justicia está precisamente para poner límites al abuso de mayorías coyunturales. Convertir esa narrativa en pretexto para rediseñar quién investiga a presidentes, gobernadores y congresistas es una alerta roja: no se está fortaleciendo la independencia, se está buscando domesticarla.
La ley que avanza en el Congreso no solo “empodera” a la JNJ: reordena silenciosamente el mapa del poder judicial y fiscal en un momento en que sobran investigaciones incómodas para el entorno político. Lo que se presenta como corrección técnica puede terminar siendo un traje a la medida de quienes necesitan menos jueces incómodos y más provisionales alineados.
Reflexión final
Si esta reforma se consuma sin control ciudadano ni revisión constitucional, el mensaje será brutal: cuando la justicia molesta, se cambian las reglas hasta que deje de incomodar. Defender la ética y la justicia hoy implica algo concreto: vigilar cada voto, exigir transparencia y recordarles a quienes legislan que el sistema de justicia no es un escudo personal, sino la última defensa de una ciudadanía cansada de ver cómo el Congreso convierte sus propias causas pendientes en leyes hechas a la carta.