Que un agresor espere a su víctima dentro de una comisaría ya es una escena de terror. Que ese agresor sea un suboficial de la Policía Nacional del Perú, y que aun así el sistema apenas reaccione, es el retrato perfecto de un Estado que le falla a las mujeres donde más debería protegerlas. No se trata de casos aislados ni de “manzanas podridas”: 451 policías denunciados por violencia contra la mujer solo en Lima en lo que va del 2025, y apenas 42 detenidos. El resto sigue protegido por el uniforme, la burocracia y el silencio institucional.
Los datos son demoledores. Desde 2018, más de 2.239 efectivos han sido investigados por violencia contra mujeres y personas vulnerables; solo el 31% terminó en sanción. Es decir, 7 de cada 10 procesos administrativos contra policías agresores se diluyen entre absoluciones, archivos, caducidades o renuncias oportunas. Mientras tanto, el mensaje a las víctimas es brutalmente claro: denuncia, pero no esperes justicia si tu agresor porta un arma y un escudo del Estado.
Las cifras del Centro Emergencia Mujer muestran que Lima concentra una porción alarmante de denuncias por violencia física, psicológica y sexual. Y también que en decenas de casos los acusados son precisamente quienes deberían recibir las denuncias, activar protocolos y proteger a las víctimas. ¿Qué confianza puede tener una mujer en acudir a una comisaría si sabe que puede encontrarse frente a un agresor con placa, respaldo institucional y compañeros dispuestos a minimizar, demorar o negar su denuncia?
El problema es estructural: filtros de ingreso débiles, controles internos laxos, un Tribunal de Disciplina que no sanciona con rigor, y una cultura que sigue relativizando la violencia de género, incluso dentro de las instituciones llamadas a combatirla. No es casual que, en paralelo, desde el Congreso se haya intentado rebajar el delito de feminicidio a “asesinato de la pareja”. En vez de fortalecer el marco de protección, se juega a retrocederlo.
Mientras el Estado exhibe campañas y eslóganes cada 8 de marzo o 25 de noviembre, la realidad en comisarías y tribunales es otra: policías denunciados siguen en servicio, casos se archivan, familias entierran a sus hijas y las estadísticas se actualizan sin consecuencias ejemplares. Hablar de “tolerancia cero” sin limpiar la propia casa es pura retórica vacía.
Reflexión final
La violencia de género ejercida por agentes del orden no es solo un delito: es una traición directa al pacto básico entre ciudadanía y Estado. Si el país acepta que quienes deben proteger puedan agredir casi sin sanción, está normalizando la impunidad con uniforme. O se rompe este círculo —con expulsiones reales, sentencias firmes, recursos suficientes y supervisión independiente— o seguiremos sumando nombres a una lista de víctimas que nunca debieron confiar en un sistema que les dio la espalda desde la puerta de la comisaría.