El Congreso se apresta a debatir en la primera semana de diciembre una decisión que condensa, en un solo gesto, la distancia entre la élite política y la ciudadanía: la solicitud de pensión vitalicia, vehículo oficial, combustible y personal de apoyo presentada por Dina Boluarte apenas diez días después de haber sido vacada por incapacidad moral. En un país marcado por la desconfianza institucional, las investigaciones fiscales en curso y una profunda crisis de legitimidad, el mensaje es tan claro como perturbador: incluso cuando se cae del poder, el privilegio busca blindarse.
El argumento formal para admitir a trámite su pedido es conocido: Boluarte integró una fórmula presidencial electa y, mientras no exista una acusación constitucional aprobada, el marco normativo permitiría considerar el beneficio. Esa lectura, sostenida desde la Mesa Directiva y respaldada por precedentes discutibles, esquiva un punto esencial: la vacancia no es una salida ordinaria del cargo, sino la constatación de una ruptura política y ética en el ejercicio de la Presidencia. Pretender que una salida por incapacidad moral conserve las mismas prerrogativas que una culminación regular del mandato vacía de contenido la propia figura de la vacancia.
No es casual que la reacción haya sido inmediata. Desde diversas bancadas se ha cuestionado la legitimidad de la solicitud, recordando que Boluarte no fue elegida por voto directo como presidenta y que su gestión estuvo atravesada por graves violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2022 y 2023, hoy materia de investigación. La congresista Ruth Luque, entre otras voces, ha advertido que premiar con una pensión vitalicia a quien deja el cargo en medio de la muerte de decenas de ciudadanos sería un mensaje devastador para las víctimas y sus familias.
En paralelo, propuestas como la del congresista Alejandro Muñante, que busca eliminar la pensión para presidentes vacados, apuntan en la dirección correcta: reconocer que este beneficio no es un derecho previsional sino un privilegio político que debe estar condicionado, al menos, al cumplimiento íntegro y regular del mandato. El constitucionalista Aníbal Quiroga ha sido categórico: un presidente vacado no debería tener acceso a pensión vitalicia, escolta permanente ni facilidades materiales costeadas por el erario. El sentido común jurídico coincide, esta vez, con el sentido común ciudadano.
La dimensión económica tampoco es menor. Se estima que la pensión que reclama Boluarte podría oscilar entre 26.000 y 35.000 soles mensuales, a lo que se suman vehículo, combustible y personal CAS elegido directamente. Todo ello en un contexto de pobreza persistente, empleo precario e inseguridad creciente. El contraste entre la vida cotidiana de millones de peruanos y la solicitud de una exmandataria vacada que pretende asegurar un ingreso privilegiado y beneficios anexos no es solo político: es moral.
El Congreso tiene ahora la oportunidad –y la obligación– de trazar una línea clara. Lo que está en juego no es solo el caso de Dina Boluarte, sino el tipo de relación que el Estado mantiene con quienes han ocupado su más alta magistratura. Si se consolida la idea de que incluso una presidencia cuestionada y vacada puede culminar en una pensión vitalicia y un paquete de privilegios, la vacancia se convertirá en un trámite y la responsabilidad política en una ficción.
La respuesta que dé el Parlamento dirá mucho sobre qué pesa más en la balanza: la protección de un esquema de beneficios corporativos o la reconstrucción de una mínima ética pública. Si el país quiere recuperar algo de confianza en sus instituciones, este es precisamente el tipo de decisiones donde no puede permitirse ambigüedades.