Perú cierra noviembre del 2025 con una cifra que debería sacudir a cualquier gobierno que se diga responsable: 2.021 homicidios registrados hasta el 26 de noviembre y una proyección que bordea las 2.200 muertes al cierre del año, el nivel más alto desde que existen registros del Sinadef en 2017. Entre seis y siete personas asesinadas cada día. No es una percepción, es una estadística del horror.
Frente a este escenario, la respuesta del Gobierno de José Jerí ha sido insistir en la misma receta: estados de emergencia en Lima, Callao y varias regiones, declaraciones solemnes y visitas a cárceles y comisarías para las cámaras. Lo que sigue ausente, sin embargo, es lo esencial: un Plan Nacional Estratégico de lucha contra la criminalidad, formal, público, con metas, indicadores y responsabilidades claramente asignadas. Sin ese marco, las medidas se vuelven parches, no política de Estado.
Las cifras lo confirman. Agosto del 2025 se convirtió en el mes con más homicidios en ocho años, con 221 asesinatos, más de siete por día. Los meses siguientes mostraron ligeras caídas, pero no un cambio de tendencia. Lima concentra casi el 40% de los homicidios del país; La Libertad, Callao, Piura e Ica completan el mapa de la violencia. Lejos de contener el problema, las declaratorias de emergencia han producido un “efecto burbuja”: las bandas se desplazan hacia territorios con menor presencia policial, sin que sus estructuras sean realmente desarticuladas.
El panorama es aún más grave cuando se observa quiénes están muriendo. El 2025 ya es el año con más adolescentes asesinados desde 2017; los homicidios de niños se acercan a su récord histórico; los adultos mayores superan marcas previas. Jóvenes de 18 a 29 años y adultos en plena edad productiva siguen siendo el blanco principal del sicariato y la extorsión. La violencia ya no distingue extremos etarios: los atraviesa.
El arma de fuego se ha consolidado como el instrumento letal predominante. Su presencia creciente en los registros no es casual: expresa el avance de la economía del crimen, el acceso facilitado a armamento y la ausencia de una política seria de control y fiscalización. Hablar de seguridad sin abordar el flujo de armas es, en el mejor de los casos, una forma de autoengaño.
Expertos en seguridad coinciden en un punto neurálgico: no hay estrategia integral. No existen metas públicas de reducción de extorsión o sicariato, no se definen indicadores para evaluar el impacto de las intervenciones, no se transparenta un horizonte de resultados. Sin brújula, los estados de emergencia dejan de ser herramientas extraordinarias para convertirse en rutina administrativa, mientras el país es tomado por organizaciones criminales que han aprendido a adaptarse mejor y más rápido que las instituciones que deberían enfrentarlas.
Sería cómodo atribuir la crisis solo al gobierno actual. Pero la curva de homicidios también es herencia de una cadena de gestiones que postergaron la construcción de una política de seguridad basada en inteligencia criminal, control penitenciario real, persecución financiera a las mafias y presencia preventiva del Estado en los territorios más vulnerables. Dina Boluarte dejó un país sin estrategia; José Jerí, hasta ahora, parece más dispuesto a administrar la emergencia que a revertirla.
Una editorial no puede dictar leyes ni diseñar operativos. Sí puede formular una exigencia mínima: que el país salga del piloto automático. Se requiere, con urgencia, un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana serio, intersectorial, con indicadores verificables, calendario de ejecución y rendición de cuentas permanente. Seguir repitiendo estados de emergencia sin resultados medibles no es gobernar: es acostumbrarse a vivir contando muertos. Y un Estado que normaliza ese conteo renuncia, en los hechos, a su primera obligación ética: proteger la vida de su gente.