En cualquier país mínimamente serio, que más de la mitad de mujeres haya sufrido violencia por parte de su esposo o compañero sería un escándalo permanente, no un dato que se menciona una vez al año entre afiches naranjas y discursos protocolares. En el Perú, el INEI nos dice que el 52% de mujeres de 15 a 49 años fue víctima de violencia de pareja… y el sistema político bosteza. Cambian los gobiernos, cambian los lemas, pero la constante es brutal: la vida de las mujeres nunca llega a la prioridad uno.
Las cifras de la ENDES 2024 son contundentes. El 48,4% de mujeres sufrió violencia psicológica o verbal, el 25,5% agresiones físicas y el 5,6% violencia sexual ejercida por quien decía “amarla”. No hablamos de casos aislados ni de monstruos excepcionales, hablamos de una cultura donde la violencia de pareja es estadísticamente masiva, cotidiana y todavía minimizada como “problema privado”.
Más grave aún: el 43,6% de las mujeres que sufrieron violencia no buscó ayuda porque “no lo consideró necesario”. Esa frase es un acta de acusación contra todos: un Estado que no inspira confianza, un sistema de justicia que revictimiza, servicios que no llegan o llegan tarde, y una sociedad que ha normalizado tanto el daño que muchas mujeres prefieren callar antes que atravesar el laberinto de la indiferencia.
La fotografía se vuelve todavía más cruda cuando miramos los perfiles: el 77,4% de las víctimas son divorciadas, viudas o separadas; el 45,3% casadas o convivientes. Es decir, la violencia no solo hiere cuerpos y mentes, también rompe proyectos de vida, familias, redes de sostén. Y atraviesa clases y niveles educativos: 54,6% de mujeres con primaria, 55,0% con secundaria, 47,3% con educación superior. Nadie se salva por estudiar más; a lo mucho, se aprende mejor a sobrevivir o a irse.
Frente a esto, los gobiernos de turno han sido expertos en campañas simbólicas y pésimos en política real: poca prevención, poca protección efectiva, poca sanción oportuna. Se inauguran líneas telefónicas, se imprimen trípticos, se graban spots; pero comisarías sin enfoque de género, fiscales saturados y refugios insuficientes siguen siendo la norma.
Cuando el 52% de las mujeres ha sido agredida por su pareja, no hablamos de “casos”, hablamos de un país estructuralmente violento donde el mensaje implícito es claro: la integridad de las mujeres es negociable. Y mientras el Estado no haga de esta cifra una emergencia nacional sostenida —no solo un hashtag de noviembre—, la estadística seguirá creciendo en silencio.
Reflexión final
La verdadera pregunta no es cuántas campañas más veremos, sino cuántos gobiernos más seguirán administrando esta tragedia como si fuera un dato más de encuesta. Un país que convive con la mitad de sus mujeres golpeadas, humilladas o abusadas, y no se altera, no solo tiene un problema de violencia: tiene un problema profundo de dignidad.