Carlos Álvarez debuta como candidato entre aplausos, selfies y el ya conocido libreto del “ciudadano indignado” que viene a rescatar al Perú. Pero su primera gran declaración —“Yo apoyaba al gobierno de Fujimori, pero no sus tropelías”— revela que el verdadero problema no es su falta de experiencia, sino su falta de coherencia. Porque no se puede aspirar a gobernar un país herido por la impunidad mientras se intenta separar quirúrgicamente un régimen autoritario en “lo bueno” y “lo malo”, como si la historia nacional fuera un sketch de televisión donde basta cambiar de personaje para fingir que nada pasó.
Álvarez se presenta como el outsider limpio, pero su propio relato lo contradice. Durante años formó parte del aparato mediático controlado por Fujimori y Montesinos. Esa no es una anécdota menor: es un capítulo central de cómo se manipuló la opinión pública. Decir que apoyó “el gobierno, pero no las tropelías” es reducir una dictadura a un malentendido administrativo. No se puede apoyar una estructura que se sostuvo en corrupción, persecución, compra de medios y violación sistemática de derechos, y luego pretender que uno solo avaló “las partes decentes”. Es como querer apoyar un incendio, pero no el fuego.
Ahora el candidato se indigna —con razón— por la inseguridad ciudadana. Habla de sicariato, de extorsiones, de calles tomadas por el miedo. Pero omite que la inseguridad no nació sola: es hija directa de un Estado debilitado por décadas de corrupción. Si Álvarez realmente quiere combatir la criminalidad, debería empezar por la primera forma de inseguridad que destruye al país: la política que normaliza la impunidad. La que repite, como él, que “todo funcionario sale con problemas” para justificar que su propio partido tenga investigados en puestos protagónicos. Esa frase es el corazón del deterioro institucional: si todo el mundo está sucio, nadie debe rendir cuentas.
Y la “renovación” que promete también tiene poco de nueva. Su equipo está compuesto por figuras recicladas de gobiernos anteriores, expertos en sobrevivir al poder más que en reformarlo. Llamarlo “recambio político” es un acto de fe; presentarlo como la solución es un acto de audacia.
El riesgo no es que un comediante quiera ser presidente. El riesgo es que quiera serlo sin asumir lo que significó apoyar un régimen que fracturó la democracia. Un país con heridas abiertas no puede darse el lujo de elegir líderes que editan su biografía según convenga.
Reflexión final
El Perú ya ha pagado demasiado caro por la política del olvido. Si queremos reconstruir la confianza perdida, necesitamos candidatos capaces de sostener la verdad incluso cuando incomoda. Porque quien minimiza las tropelías de ayer difícilmente podrá evitar las de mañana.