Hay países que presumen premios Nobel, avances científicos o estabilidad democrática. El Perú, en cambio, exhibe un trofeo grotesco: el mayor número de expresidentes encarcelados o procesados por corrupción. Barbadillo se ha convertido en un símbolo mundial del fracaso de nuestras élites políticas. Y, como recuerda el psiquiatra Carlos Bromley, no es solo un escándalo jurídico: es un golpe sostenido a la salud mental colectiva de un país que aprende a desconfiar, a endurecerse y, peor aún, a resignarse.
La lista es ya indecente. Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción. Alejandro Toledo, extraditado por Odebrecht. Ollanta Humala, procesado por lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña. Pedro Castillo, sentenciado por conspiración vinculada a un intento de golpe de Estado. Martín Vizcarra, ahora con 14 años de prisión por coimas en Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Casi no hay expresidente que no tenga una carpeta fiscal, un juicio abierto o una condena.
No es solo que “caigan los corruptos”; es que el cargo más alto del país se nos ha vuelto sinónimo de sospecha penal. La presidencia, que debería encarnar la mayor autoridad moral e institucional, hoy es percibida como un peldaño más en la escalera del beneficio ilegal. Y eso, como explica Bromley, perfora la confianza básica que sostiene una comunidad política: en lugar de estabilidad, produce ansiedad; en vez de esperanza, desaliento; donde debería haber respeto, hay vergüenza y rabia.
Las redes sociales amplifican el daño: repiten una y otra vez imágenes de presidentes esposados, discursos negándolo todo, victimismos calculados. La saturación informativa termina normalizando lo inaceptable. El ciudadano deja de indignarse y se limita a decir: “total, todos son iguales”. Esa frase, aparentemente inocente, es una sentencia de muerte para la democracia: destruye el criterio, el voto responsable y la exigencia ética hacia los gobernantes.
Niños, adolescentes y adultos mayores crecen viendo que el poder no sirve para servir, sino para robar y luego justificarse. El país entero entra en un duelo cínico y agotador que debilita aún más una salud mental ya golpeada por la violencia, la desigualdad y la inseguridad.
Es cierto que las condenas y procesos envían una señal: la impunidad absoluta ya no es gratis. Pero celebrar el “récord” de presidentes investigados o presos como prueba de madurez institucional es autoengaño. Una república sana no se mide por cuántos exmandatarios terminan en la cárcel, sino por cuántos logran dejar el poder sin una sombra de sospecha.
Reflexión final
Si no cambiamos las reglas, los controles y, sobre todo, el estándar ético para llegar a la presidencia, Barbadillo seguirá siendo la oficina de “postventa” del poder político. El reto no es construir más celdas para expresidentes, sino construir instituciones que los obliguen a gobernar para el país y no para su bolsillo. De lo contrario, seguiremos sumando nombres a la lista y restando confianza al futuro.