Que un Congreso sea impopular no es novedad en el Perú. Que nueve de cada diez ciudadanos lo desaprueben, sí es un síntoma grave de algo que va más allá del desgaste: habla de una ruptura profunda entre la sociedad y quienes dicen representarla. La última encuesta del IEP confirma que el Legislativo atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad históricas: 89% de desaprobación y un presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, rechazado por el 75% del país en apenas 30 días de gestión.
No se trata de un mal humor pasajero. El Congreso que hoy se ufana de haber vacado a Dina Boluarte dobla su aprobación del 4% al 8%, pero sigue siendo un poder del Estado totalmente divorciado de la ciudadanía. El mensaje es contundente: la gente puede estar en desacuerdo con el Ejecutivo y, al mismo tiempo, no confiar en absoluto en el Legislativo que se presenta como su “contrapeso”. La desaprobación no se distribuye en partes iguales: se concentra en Lima Metropolitana, duramente golpeada por la inseguridad y por las llamadas leyes “procrimen” impulsadas desde el propio Parlamento.
La presidencia de Fernando Rospigliosi arranca, además, con una marca negativa superior a la de sus predecesores inmediatos. Mientras José Williams y Alejandro Soto tardaron meses en alcanzar índices similares, Rospigliosi logra en un mes un 75% de rechazo y apenas 12% de respaldo. Es una especie de voto de desconfianza anticipado, alimentado por la agenda legislativa, los blindajes y la incapacidad del Congreso para sintonizar con las prioridades del país: seguridad, empleo, servicios básicos, lucha contra la corrupción.
Especialmente significativo es el perfil de quienes desaprueban al Parlamento y a su presidente: ciudadanos de más de 30 años, de niveles socioeconómicos A y B, muchos de ellos identificados con posiciones de centro-izquierda. Es decir, no solo sectores populares golpeados por la crisis, sino también segmentos con mayor acceso a información, que observan con alarma el desmantelamiento de contrapesos institucionales, los intentos de controlar organismos autónomos como la JNJ y el uso de la ley como instrumento de autoprotección política.
La pregunta inevitable es qué hace el Congreso frente a este diagnóstico. La respuesta, hasta ahora, ha sido insistir en la misma ruta: normas regresivas en materia de seguridad ciudadana, debates desconectados de la emergencia social, avanzadas contra la institucionalidad democrática y poca o nula autocrítica. El mensaje que se envía es que la desaprobación masiva no es un dato para corregir el rumbo, sino un costo asumible mientras se mantenga el control de la agenda y los votos.
Esta editorial no propone una antipolítica simplista ni la cancelación del Congreso como institución. Por el contrario, parte de una premisa básica: una democracia sin representación legítima se vacía por dentro. Un Parlamento que apenas convence al 8% de la población y que el 89% rechaza no puede seguir actuando como si gozara de un mandato sólido.
El mínimo gesto de responsabilidad política exigiría tres cosas: detener las leyes que debilitan la justicia y la lucha contra el crimen, abrir un verdadero diálogo con la sociedad sobre prioridades legislativas y asumir reformas internas que reduzcan el uso del Congreso como refugio de intereses particulares. Lo contrario es perseverar en la tesis de que la ciudadanía siempre puede ser ignorada. Pero un país que acumula descontento, desconfianza e inseguridad sabe, por la vía más dolorosa, que ignorar a la gente nunca sale gratis.