Que el Congreso sea rechazado por el 89% de los peruanos ya describe una institución en coma político. Pero que su presidente, Fernando Rospigliosi, acumule un 75% de desaprobación en apenas 30 días de gestión dice algo más profundo: el nuevo titular del Parlamento llega al poder sin capital político y con un voto de desconfianza anticipado. No es un desgaste producto del tiempo; es un repudio casi inmediato al rumbo que simboliza.
La encuesta del IEP no deja espacio para lecturas complacientes. Tres de cada cuatro ciudadanos no respaldan a quien, en teoría, debería conducir el Legislativo, ordenar la agenda y representar al país en uno de los poderes del Estado. Rospigliosi no hereda solo una institución desprestigiada: se convierte en el rostro visible de un Congreso que la ciudadanía percibe como ajeno, autorreferente y funcional a sus propios intereses. Su presidencia no corrige esa percepción; la agrava.
El contraste con sus predecesores es revelador. José Williams y Alejandro Soto tardaron más tiempo en alcanzar niveles similares de desaprobación. Rospigliosi, en cambio, arranca con cifras peores que las de ambos en su primer mes. No se trata solo de su historia política o de su filiación partidaria; se trata del contexto que encarna: un Parlamento que impulsa leyes cuestionadas, que intenta ampliar su poder sobre instituciones clave —como la JNJ— y que parece más interesado en rediseñar el mapa de los contrapesos que en responder a la inseguridad, el desempleo o la crisis de servicios públicos.
Especialmente significativa es la composición del rechazo. No proviene únicamente de los sectores más golpeados por la pobreza, sino de ciudadanos mayores de 30 años, de niveles socioeconómicos A y B, muchos identificados con posiciones de centro o centroizquierda. Es decir, segmentos que siguen de cerca la agenda pública, que reconocen las implicancias de los cambios institucionales y que advierten cómo el Congreso busca ampliar su influencia mientras pierde legitimidad.
En lugar de leer este diagnóstico como una señal de alarma, el Parlamento se comporta como si los números fueran irrelevantes. Se insiste en normas regresivas en seguridad ciudadana, se sostienen leyes percibidas como “procrimen”, se amenaza la autonomía de organismos de control y se mantiene un clima de blindaje selectivo. La presidencia de Rospigliosi, lejos de marcar un giro, parece confirmarle al país que el Congreso seguirá orbitando sobre sí mismo, indiferente al descrédito que acumula.
Esta editorial no propone sustituir al Congreso por la indignación, ni celebrar la antipolítica como salida. Pero sí afirma algo elemental: ningún titular del Parlamento puede ejercer autoridad real cuando tres de cada cuatro ciudadanos lo rechazan de entrada y casi nueve de cada diez desconfían de la institución que dirige. La autoridad legal sin legitimidad social se convierte en mero poder de trámite, incapaz de articular acuerdos de fondo o de representar a una nación fracturada.
El mínimo gesto de responsabilidad de Rospigliosi sería reconocer que no dirige un Congreso cualquier, sino uno en su punto más bajo de credibilidad. Ello exige frenar la captura de instituciones, suspender leyes que debilitan la lucha contra la corrupción y la inseguridad, y abrir el Parlamento a un escrutinio ciudadano real.
Si, por el contrario, se opta por seguir legislando como si estos números no existieran, el mensaje quedará claro: la dirigencia está dispuesta a gobernar contra la opinión de la mayoría, confiando en que la fatiga y el miedo bastarán para contener la reacción social. Pero la historia reciente del Perú ya demostró que ignorar a la ciudadanía no solo erosiona gobiernos; también vacía de sentido la democracia que se invoca para sostenerlos.