En menos de una semana, un candidato a diputado es asesinado en Piura y un candidato presidencial es baleado en Cerro Azul. Percy Ipanaqué, acribillado en su auto. Rafael Belaúnde, atacado a tiros dentro de su camioneta. Dos escenas distintas, un mismo mensaje: la violencia armada ya no solo disputa calles y barrios, ahora toca directamente la puerta del proceso electoral 2026. Y el Gobierno de José Jerí y sus ministros parecen más concentrados en llegar vivos al 28 de julio que en garantizar que nadie más llegue muerto a la campaña.
El caso de Piura fue el primer golpe: un candidato asesinado y otra vez la respuesta automática de siempre, el “posible ajuste de cuentas”, como si esa etiqueta fuera suficiente para archivar preguntas incómodas y desactivar responsabilidades. Ahora, en Cañete, una moto se cruza en la ruta de Belaúnde y dispara contra el parabrisas. La PNP activa un “plan cerco”, la ONPE y el JNE condenan el hecho, los políticos tuitean solidaridad. El guion institucional está impecable; lo que falta es que el Estado haga su parte fuera de cámaras.
No se trata solo de proteger a figuras mediáticas o presidenciales: ya hay un patrón que alcanza a candidatos regionales, dirigentes locales, ex policías y jóvenes sin poder. La democracia se vuelve inviable si participar en política se convierte en deporte de alto riesgo. Cuando los delincuentes entienden que pueden intimidar, amedrentar o eliminar a postulantes sin consecuencias claras, el mensaje es devastador: la bala manda más que el voto.
Mientras tanto, el Gobierno repite la fórmula de siempre: estados de emergencia que se renuevan como trámite, operativos espectaculares para la foto, promesas de “mano dura” que no llegan a las calles. El sicariato y las bandas armadas avanzan mucho más rápido que las reformas policiales, que la inteligencia criminal o que cualquier política seria de control de armas y crimen organizado. La agenda de seguridad electoral existe en los discursos, pero no en el presupuesto ni en la acción.
No es casual que las primeras víctimas visibles sean candidatos. Son rostros que incomodan, voces que podrían tocar intereses locales, territorios capturados, negocios ilegales. Si el Estado sigue tratando estos ataques como anecdóticos o aislados, terminará normalizando la violencia política disfrazada de “delito común”.
Reflexión final
No puede haber elecciones libres si los candidatos se mueven en camionetas blindadas y las familias rezan para que regresen vivos de cada mitin. No más comunicados indignados sin resultados. No más muertes de candidatos. Si el Gobierno de José Jerí no asume de inmediato una política real de protección y lucha frontal contra el crimen que ya toca la puerta del proceso electoral, lo que estará en juego en 2026 no será solo quién gobierna el Perú, sino si todavía tenemos un país donde se pueda hacer política sin mirar primero quién viene detrás en moto.