Indecopi ha vuelto a escena con un caso “ejemplar”: sancionar a un restobar de Miraflores por ambientar su local con música de YouTube y Spotify sin licencia comercial. Pitahaya Lounge es el protagonista de turno. En paralelo, el propio Indecopi recuerda que está prohibido usar cuentas personales de streaming en bares, restaurantes y comercios. El mensaje parece claro: la ley se cumple. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿por qué la mano reguladora se nota más rápida y firme con un restobar que con grandes empresas que afectan a miles de usuarios?
Nadie discute el fondo jurídico: Spotify es explícito en sus términos y condiciones. La licencia es personal y no comercial; si un local quiere usar música, debe pagar a las sociedades de gestión (Apdayc, Unimpro, etc.) y regular su uso a través de herramientas como el aplicativo “Sintonízate” de Indecopi. Es correcto que haya reglas, y es justo que los artistas reciban lo que les corresponde. Lo que sorprende es la energía selectiva.
En el caso Pitahaya Lounge, Indecopi primero concluyó que había infracción y calculó una multa superior a S/121 mil. Luego revocó la sanción, declaró infundada la denuncia, pero reconoció que hubo uso no autorizado de obras musicales. En resumen: sí hubo incumplimiento, pero la respuesta terminó diluida. El resultado deja una sensación incómoda: ni defensa firme de los derechos de autor, ni mensaje contundente para el mercado.
Mientras tanto, los consumidores ven otra película: bancos con caídas masivas de sistemas, farmacéuticas coludidas en licitaciones, empresas que cancelan conciertos o eventos sin resarcir adecuadamente al público… y sanciones que llegan tarde o con montos que parecen migajas frente al daño causado. Ahí, la “siesta” institucional pesa mucho más que la música de un bar.
Indecopi, como autoridad, tiene la obligación de proteger tanto a los titulares de derechos como a los usuarios finales. Sin embargo, cuando el foco se concentra en un restobar y el ciudadano percibe menos rigor frente a grandes infractores, el mensaje se distorsiona: la ley se ve más aplicada donde es más fácil, no donde más duele.
Regular el uso de música en locales comerciales es necesario. Pero si el organismo que lo hace no muestra la misma rapidez y contundencia frente a abusos masivos contra consumidores, su legitimidad se debilita.
Reflexión final
Defender ética y justicia en el mercado peruano exige algo más que vigilar playlists en Miraflores. Indecopi debe demostrar, con hechos y sanciones proporcionales, que está dispuesto a enfrentar a los grandes infractores con la misma —o mayor— firmeza que a los pequeños negocios. Solo así dejará de sonar a institución que despierta tarde, escoge batallas menores y deja a los usuarios de todo el país con la sensación de que, en esta partitura, el consumidor sigue siendo la nota más desprotegida.