Foto: Gestión
Hay cifras que retratan un país mejor que cualquier discurso. En lo que va de 2025, 950 funcionarios y servidores públicos han sido detenidos por corrupción. Hasta ahí, el horror estándar. Pero hay un dato que rompe cualquier tolerancia: 260 de ellos son policías. Casi tres de cada diez detenidos por corrupción llevan placa, uniforme y arma del Estado. Y luego nos preguntan por qué la gente siente miedo… incluso cuando ve llegar un patrullero.
Lo de “Los gasparines” en la comisaría de Villa Hermosa, en El Agustino, parece escrito por guionista cínico: suboficiales que pagan a su propio comisario para volverse “policías fantasmas” y desaparecer del servicio. No hablamos de un permiso mal tramitado, hablamos de una pequeña empresa ilegal montada dentro de la comisaría para vender ausencias, vaciar turnos y convertir la seguridad ciudadana en trabajo a medio tiempo mientras cada uno atiende sus negocios particulares.
El mayor que lideraba esta comisaría ya tenía historial: denuncias por cobrar a vecinos para agilizar trámites, un expediente disciplinario que nunca terminó de incomodar a nadie… hasta que estalló el escándalo. Es el guion clásico: la institución “no sabía”, “rechaza cualquier acto de corrupción” y promete “investigar hasta las últimas consecuencias”. Pero siempre después, nunca antes.
En paralelo, otro efectivo es detenido en Barranca acusado de asaltar a un mototaxista armado y presuntamente ebrio. No es metáfora: el policía que debía protegerlo habría terminado despojándolo de su celular y exigiéndole dinero. Y mientras tanto, fiscales también caen por coimas, algunos de ellos con participación en casos emblemáticos. La foto es brutal: la ciudadanía atrapada entre el delito y quienes deberían enfrentar al delito, pero terminan negociando con él… o imitándolo.
Por supuesto, se repite el mantra: “la mayoría de policías es honesta”. Seguramente es cierto. Pero cuando 260 efectivos terminan detenidos en menos de un año, el problema dejó de ser una manzana podrida; el cajón completo está en riesgo. La corrupción ya no es una desviación, es una opción de carrera para quienes descubren que la chapa abre puertas… y cajas.
Una policía corroída desde dentro es el mejor aliado del crimen organizado. Cada “gasparín”, cada agente que vende su turno, cada comisario que convierte la jefatura en caja chica, debilita no solo a la institución, sino el mínimo contrato de confianza entre ciudadano y Estado.
Reflexión final
Mientras no haya una reforma real, con nombres, sanciones ejemplares y mandos que también respondan, cualquier discurso sobre “mano dura” será puro decorado. Porque, seamos honestos: si hoy hay que preguntarse quién nos cuida de los delincuentes y quién nos cuida de algunos policías, es que el país ya cruzó una línea que no se arregla con más operativos para la foto, sino con cirugía mayor al corazón mismo de la PNP.