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Que un presidente sea investigado por vulnerar la neutralidad electoral no es un detalle técnico: es una señal de alarma institucional. El proceso abierto por el JEE Lima Centro 1 contra José Jerí por presunta infracción al principio de neutralidad a favor de Somos Perú no solo expone un posible incumplimiento de la ley; exhibe, sobre todo, una preocupante confusión entre Estado y partido en plena ruta hacia las elecciones de 2026.
Según el informe de fiscalización remitido al Jurado Nacional de Elecciones, Jerí habría utilizado una entrevista televisiva —en Panamericana TV, como jefe de Estado y no como simple militante— para destacar a Somos Perú, al que llamó su “único amor político” y al que atribuyó un papel clave en la gobernabilidad. No se trató de una conversación en un local partidario ni de una presentación en campaña: fue una aparición mediática con la banda presidencial al hombro, simbólicamente hablando. Y esa diferencia no es menor.
La normativa electoral es clara. La Ley Orgánica de Elecciones, el Reglamento de Propaganda Electoral y el Código de Ética de la Función Pública prohíben que las autoridades usen su investidura para favorecer a una organización política durante un proceso electoral. El propio artículo 32.1.2 del reglamento de propaganda señala como infracción “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”. No hace falta un mitin ni un spot pagado: basta con un mensaje, en el momento y el escenario equivocados, para quebrar la neutralidad que se exige al más alto cargo de la República.
El informe de fiscalización añade un elemento que agrava el cuadro: José Jerí sigue afiliado a Somos Perú y ha ejercido cargos internos en esa organización. No estamos ante un presidente sin pasado partidario que comete una imprudencia discursiva, sino ante un dirigente que refuerza su identidad política desde el sillón presidencial en pleno periodo electoral. En lugar de tomar distancia para resguardar la imparcialidad del Estado, decide reivindicar su pertenencia y el rol de su partido ante una audiencia nacional.
Las consecuencias legales quizá no impliquen destitución ni sanción penal inmediata. El reglamento prevé, en el mejor de los casos, una declaración de infracción, una advertencia pública o el envío de antecedentes al Congreso. Pero el daño político es más profundo: un presidente ya cuestionado por su gestión en seguridad ciudadana y por su dependencia del Legislativo ahora debe explicar por qué confundió, una vez más, la frontera entre su cargo y su camiseta partidaria.
La figura presidencial no es un micrófono libre para hacer guiños a la militancia. Es una institución que, en un contexto de polarización, desconfianza y violencia, debería encarnar mínimo sentido de responsabilidad. Cuando el propio jefe de Estado es observado por el sistema electoral por posible proselitismo encubierto, el mensaje que se envía al país es devastador: las reglas son flexibles para quien las administra.
El caso abierto por el JEE no debería resolverse con fórmulas dilatorias ni con silencios cómplices. Si se confirma la infracción, corresponde una sanción clara, ejemplar y pública. No para castigar a una persona, sino para recordar algo básico: en democracia, la investidura presidencial no se usa para levantar la mano de ningún partido, ni siquiera —o sobre todo— del propio.