La destrucción de una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, con cuatro personas abatidas, se presenta desde Washington como un éxito más en la “guerra contra las drogas”. El mensaje oficial es claro: cero tolerancia frente a organizaciones designadas como terroristas y uso de fuerza letal para cortar rutas marítimas. Sin embargo, detrás del parte militar hay preguntas que no pueden obviarse: ¿quién decide quién muere en alta mar?, ¿con qué controles?, ¿y qué significa esta estrategia para el derecho internacional y los derechos humanos?
El Comando Sur informó que el ataque se realizó en aguas internacionales, contra una lancha asociada a una organización catalogada como terrorista, transportando sustancias ilícitas. La operación forma parte de la “Operación Lanza del Sur”, una campaña que ya acumula más de 80 personas muertas en bombardeos a embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. La narrativa oficial insiste en la legalidad de las acciones y en la necesidad de “defenderse” de la ola de drogas.
Nadie duda del daño que causa el narcotráfico: violencia, corrupción, destrucción de comunidades y captura de instituciones. Combatirlo es una obligación de los Estados. Pero otra cosa es normalizar la idea de que basta con señalar a un grupo como “narcoterrorista” para justificar ataques letales sin transparencia sobre reglas de enfrentamiento, identificación de objetivos, intentos de captura o posibilidad de rendición. ¿Hubo opción de detener y juzgar a esas cuatro personas? ¿Se verificó su identidad? ¿Existieron daños colaterales? El comunicado no lo dice.
También preocupa el efecto político. Cuando las operaciones militares se concentran en el mar y se anuncian posibles acciones en tierra, como en territorio venezolano, la línea entre lucha contra el crimen y uso de la fuerza con fines geopolíticos se vuelve difusa. El riesgo es que la etiqueta de “narcoterrorista” se convierta en un comodín para legitimar intervenciones que afectan soberanías y pueden agravar conflictos internos.
En paralelo, poco se habla de las responsabilidades compartidas: la demanda de drogas en Estados Unidos y Europa, los flujos financieros que lavan dinero ilícito en sistemas bancarios formales, la corrupción que permite que la cadena criminal exista desde los campos de cultivo hasta los puertos. Golpear lanchas sin atacar estas raíces es, en el mejor de los casos, una estrategia incompleta.
Destruir embarcaciones cargadas de droga puede frenar temporalmente ciertos envíos, pero no sustituye a una política integral basada en prevención, reducción de daños, fortalecimiento institucional y cooperación judicial transparente. La lucha contra el narcotráfico no puede descansar solo en el uso de fuerza letal, menos aún cuando ello ocurre lejos de la mirada pública y con información parcial.
Reflexión final
Si la defensa de la legalidad es el argumento central, entonces el primer compromiso debe ser con la propia ley: respeto estricto a los derechos humanos, rendición de cuentas y supervisión internacional. De lo contrario, se corre el peligro de combatir un delito grave incurriendo en prácticas que también vulneran la justicia que se dice proteger.