Fuente: Exitosa
Se cumplen tres años del atentado más burdo y peligroso contra la democracia peruana en las últimas décadas. El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo no “se equivocó”, no “improvisó” ni fue víctima de una conspiración externa: intentó dar un golpe de Estado desde Palacio de Gobierno. Hoy, con sentencia firme de la Corte Suprema, los hechos quedan donde siempre debieron estar: en el terreno de la verdad jurídica y política. Y esa verdad es incómoda para quienes todavía relativizan lo ocurrido.
La sentencia es clara y demoledora. Castillo, junto a su premier Betssy Chávez y su asesor Aníbal Torres, coordinó de manera premeditada los actos para quebrar el orden constitucional. No fue un impulso de último minuto tras las declaraciones de Salatiel Marrufo; el golpe estaba diseñado con antelación. El archivo “mensaje.docx”, redactado y modificado horas antes del pronunciamiento, desmonta definitivamente la narrativa del arrebato. Hubo planificación, hubo conciencia y hubo voluntad de poder absoluto.
El contexto explica el apuro. Castillo estaba cercado por graves denuncias de corrupción: sobornos millonarios en el sector Vivienda, presiones para sacar del país a personajes clave implicados en redes ilícitas y un testimonio explosivo que lo vinculaba directamente al cobro de coimas. Frente a la ley, eligió la fuga hacia adelante. Ante la fiscalización, optó por cerrar el Congreso, capturar a la fiscal de la Nación, reorganizar la justicia y decretar toque de queda. Esa secuencia no describe un error político: describe un proyecto autoritario.
Que el golpe fracasara no lo vuelve anecdótico. No prosperó porque ni las Fuerzas Armadas ni la Policía respaldaron la orden ilegal, y porque el propio Castillo terminó huyendo, no liderando. Pero el daño ya estaba hecho. En minutos, desde el más alto cargo del Estado, se intentó borrar la separación de poderes y normalizar el uso de la fuerza contra la Constitución. La torpeza del ejecutor no absuelve la gravedad del delito.
La condena contra Castillo y su entorno es una señal necesaria: en el Perú, incluso un presidente puede ir a prisión por intentar destruir la democracia. Sin embargo, reducir el 7 de diciembre a un episodio superado sería una irresponsabilidad histórica. El golpe fue posible porque el sistema político se degradó, porque la corrupción se toleró y porque el poder se concibió como botín personal.
Reflexión final
A tres años del atentado perpetrado por Pedro Castillo, la pregunta no es solo qué hizo él, sino qué estamos haciendo nosotros para que no vuelva a ocurrir. La democracia no se defiende solo en los tribunales, sino en la memoria, en la exigencia ciudadana y en el rechazo frontal a cualquier relativización del autoritarismo. El golpe fracasó, sí. Pero la tentación sigue viva. Y la democracia no admite segundas oportunidades frente a quienes intentan secuestrarla.