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El posible paro de 48 horas entre el 15 y el 17 de diciembre no es una advertencia gremial más: es el diagnóstico brutal de un país donde las bandas criminales mandan en las rutas y el Estado llega tarde, mal y nunca. Mientras los buses se incendian en San Martín de Porres y los choferes pagan cupos de S/20 o S/30 para no morir trabajando, el Gobierno de José Jerí repite la coreografía de siempre: estados de emergencia en automático, conferencias de prensa y ninguna estrategia integral. Es la herencia de Boluarte convertida en política de Estado: más uniformes, cero resultados.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, lo dijo sin rodeos: “este estado de emergencia no sirve para nada”. No es un eslogan opositor, es la constatación de quienes cuentan colegas muertos, unidades quemadas y rutas controladas por extorsionadores. En solo dos semanas se han incendiado más de 25 buses de cinco empresas distintas. Las mafias avisan, cobran, amenazan y cumplen. El Gobierno, en cambio, promete, posterga, “instalará mesas de trabajo” y vuelve a desaparecer cuando se apagan las cámaras.
El problema ya no es solo la ineficacia, sino la claudicación. Jerí no ha presentado un plan nacional serio contra la extorsión y el sicariato, ni mucho menos un esquema de seguridad territorial que articule PNP, Fiscalía, Poder Judicial, gobiernos regionales y locales. Los gremios exigen bloqueo de cuentas usadas para extorsionar, control real de chips vendidos sin registro, fortalecimiento de unidades especializadas, reglamentos pendientes contra el crimen y revisión de leyes que hoy generan agujeros de impunidad. La respuesta oficial es el silencio administrativo y la foto de ocasión en penales y comisarías.
Si el Ejecutivo ignora el plazo de siete días que han dado los transportistas para presentar un plan maestro de acción, el paro no solo paralizará Lima y Callao: certificará que la política de seguridad se reduce a sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026, aunque el país se desangre en el camino.
Cuando los que mueven al país tienen que amenazar con detenerse para que el Gobierno los escuche, el problema dejó de ser técnico: es moral y político. No se le puede pedir a los choferes que sigan arriesgando la vida mientras el Estado finge gobernar con decretos vacíos.
Reflexión final
El dilema es simple y urgente: o el Gobierno asume por fin la conducción de una política integral contra la extorsión, con resultados medibles y responsabilidades claras, o seguirá consolidando una peligrosa normalidad donde los paros se negocian con miedo y las calles se administran desde el crimen organizado. Callar frente a esto no es neutralidad: es complicidad por abandono.