Foto: La República
Hay países donde la política discute cómo fortalecer la justicia. En el Perú, la política discute cómo domesticarla. La escena es cada vez menos disimulada: un bloque congresal con investigados a cuestas impulsa sanciones, maniobras y “reordenamientos” para convertir a la Fiscalía en una oficina administrable. No es un exceso retórico decir “pacto mafioso”: cuando quienes deben ser investigados controlan al investigador, el Estado deja de ser Estado y pasa a ser coartada.
La operación es quirúrgica: primero se desprestigia, luego se suspende, después se inhabilita. Y al final se reemplaza. No por meritocracia, sino por conveniencia. En esa lógica encaja la inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años con 71 votos. El dato que desnuda el asunto no es solo la votación, sino el respaldo: al menos 25 de quienes levantaron la mano tienen investigaciones abiertas por delitos que van desde cohecho y peculado hasta enriquecimiento ilícito. Es decir, una bancada de sospechosos votando para apartar a quien molesta. ¿Fiscalización? No: autoprotección.
Mientras el país vive asfixiado por bandas criminales, el “pacto” no se concentra en perseguir el delito, sino en reconfigurar el sistema para que perseguir sea opcional. Aparece entonces el manual clásico del encubrimiento: desactivar equipos especializados, recortar unidades incómodas, desordenar expedientes y venderlo como “reforma”. En el lenguaje del poder, la impunidad siempre se llama modernización.
La intención de desmontar áreas como Lava Jato, Eficcop o lo relacionado con “Cuellos Blancos del Puerto” no es una casualidad administrativa: es un mensaje político. Es decirle al país que el problema no son las mafias infiltradas en el Estado, sino los fiscales que las descubren. Es premiar a la cloaca y castigar al desagüe. Y por eso, cuando se habla de “audios de la vergüenza” y tráfico de influencias, el resultado no es depuración, sino revancha.
Lo más grave es que esta captura no necesita tanques ni golpes: le bastan resoluciones “espurias”, decisiones en pared y votos en bloque. Se toma una institución desde el escritorio, se neutraliza desde el reglamento y se celebra como “defensa del orden”. El crimen organizado, agradecido: no necesita huir si puede legislar.
La democracia no cae solo cuando se cierran medios o se prohíben marchas. También se derrumba cuando se captura la justicia para que investigar sea delito y delinquir sea estrategia. Lo que hoy vemos no es una disputa política normal: es un plan para blindarse, borrar huellas y garantizar impunidad.
Reflexión final
Si el Congreso puede convertir la Fiscalía en botín, entonces la corrupción ya no teme a la ley: la administra. Y cuando el país normaliza eso, lo siguiente es inevitable: más crimen, más abusos, más miedo y menos República. Porque donde manda el pacto mafioso, la justicia no se aplica: se negocia.