Foto: Perú Retail
En el Perú moderno, pagas con tarjeta, con Yape, con Plin… y también pagas con resignación. El “+5% por tarjeta” se ha vuelto la frase más repetida en cajas, restaurantes y comercios, como si fuese una ley natural: comes, compras, y luego viene la mordida. Indecopi, en vez de apagar el incendio, aparece con un vaso de agua tibia: no prohíbe el recargo, solo exige que lo anuncien “claramente”. Es decir, el problema no es el abuso, sino que el abuso esté mal rotulado.
La autoridad sostiene que en el Perú rige la libertad de precios: un negocio puede cobrar más si pagas con tarjeta, siempre que lo informe antes, de forma visible y oportuna, no en la caja ni con un aviso microscópico junto al POS. Perfecto, en teoría. Pero en la práctica, lo que ocurre es otra cosa: el recargo se revela cuando ya consumiste, cuando ya elegiste, cuando ya estás atrapado en la fila con el voucher esperando. Ese “momento decisional” del que habla la norma se convierte en el “momento de la emboscada”.
¿Y cuál es el mensaje de Indecopi? “Sí te pueden cobrar más, pero avísenlo bonito”. No “no te cobren más”; no “muestren el precio final”; no “prohibamos que el consumidor pague el costo del POS como si fuera culpa suya”. No. Solo un manual de señalética para que el abuso no sea sorpresa. Así se degrada la defensa del consumidor: ya no se protege el bolsillo, se protege la formalidad del cartel.
Indecopi recuerda que puede multar hasta con 450 UIT a negocios que no informen. Suena contundente, hasta que uno recuerda que el 5% sigue extendido como epidemia. ¿Dónde está la fiscalización masiva? ¿Dónde están las sanciones ejemplares y visibles que corten la práctica de raíz? Si hasta hay precedentes antiguos —como sanciones por cobrar 5% sin avisar—, entonces no estamos ante un “tema nuevo”: estamos ante una autoridad que reacciona tarde y se conforma con lo mínimo.
Y mientras el Estado “aclara”, el consumidor paga: paga más por usar un medio seguro, paga más por no cargar efectivo, paga más por la digitalización que el propio sistema financiero promueve. Un país que empuja la bancarización pero permite castigos al que usa tarjeta, es un país que se contradice con descaro.
El recargo no es solo una cifra: es una práctica que distorsiona precios, castiga al consumidor y normaliza la trampa. Si no fue informado antes, no corresponde pagarlo y se puede reclamar y denunciar con pruebas. Pero no debería recaer en el ciudadano la tarea de perseguir lo obvio.
Reflexión final
Indecopi no puede seguir celebrando “aclaraciones” mientras el mercado se acostumbra a cobrar de más. El consumidor no necesita carteles más grandes: necesita reglas que eviten que le cambien el precio en la cara. Porque cuando el Estado solo enseña cómo anunciar el abuso, lo que está protegiendo no es al ciudadano: está protegiendo la costumbre de cobrarle un poco más, todos los días, con total impunidad.