Foto: ATV
En el Perú de José Jerí ya no se paga solo AFP u ONP. Ahora también se paga cupo. Con recibo moral incluido: “por su seguridad”. Lo denuncian choferes de la línea 41, ruta Ventanilla–Villa El Salvador, quienes aseguran que les descuentan S/20 diarios —además de S/10 del llamado “fondo de garantía”— para financiar extorsiones. Sí, leyó bien: la criminalidad ya no solo amenaza desde afuera; ya se está cobrando desde adentro, con descuento en planilla, como si fuera un impuesto informal autorizado por el desgobierno.
El caso es emblemático porque desnuda el nuevo orden: bandas criminales que mandan en la calle, empresas que trasladan el costo al trabajador, y un Estado que responde con lo único que le sale rápido: estado de emergencia, cámaras, patrullaje teatral y discursos de “mano dura” que terminan siendo mano… de papel. Jerí repite lo que Dina Boluarte ya hizo sin éxito: declarar emergencia como si la violencia se redujera por decreto. No hay plan integral, no hay inteligencia sostenida, no hay reforma real del sistema de seguridad. Hay titulares, hay fotos, hay visitas a penales y comisarías como gira de campaña anticipada.
Mientras Jerí ensaya poses, los choferes pagan. Y pagan doble: primero al delincuente, luego a la indiferencia. Porque el país ha llegado a un punto grotesco donde la extorsión se “administra”. Según los conductores, el cobro obligatorio se volvió regla desde octubre; y cuando algunos intentaron preguntar, organizarse o exigir transparencia, vino la “solución empresarial”: despidos. Al menos 16 compañeros, dicen, fueron cesados arbitrariamente. En resumen: si protestas por financiar extorsiones, te botan. Si callas, sigues pagando. El crimen cobra y la precariedad disciplina.
Y lo más insultante es la normalización. Se habla de S/28.000 en un primer pago y luego S/13.000 mensuales. ¿Qué sigue? ¿Un tarifario nacional de extorsión por rubro? ¿Una “tasa” para bodegas, otra para mototaxistas, otra para colegios, otra para mercados? A este paso, los más de 34 millones de peruanos no solo pagaremos impuestos al Estado: pagaremos cupo a la delincuencia como “contribución obligatoria” para seguir vivos.
Lo de la línea 41 no es un caso aislado: es una postal del colapso. Cuando el trabajador financia la extorsión con descuento diario, el Estado ya perdió el control del territorio. Y cuando el gobierno solo reacciona con emergencias fracasadas, el mensaje es claro: el crimen se organiza; el poder improvisa.
Reflexión final
La pregunta ya no es si Jerí tiene “estrategia”, sino cuánto tiempo más seguirá fingiendo que esto se arregla con fotos y decretos. Porque cuando la extorsión entra a la boleta de pago, el país no está en crisis: está secuestrado. Y un país secuestrado no necesita discursos; necesita rescate.