Foto: Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo no fue creada para caer bien, sino para incomodar. Su razón de ser es vigilar al Estado, denunciar abusos y defender a quienes no tienen voz. Hoy, sin embargo, esa institución parece haber extraviado su brújula. Bajo la gestión de Josué Gutiérrez, la Defensoría ya no incomoda al poder: lo acompaña. Y cuando el organismo llamado a proteger derechos opta por el silencio, el problema deja de ser institucional y se convierte en una amenaza democrática.
Las críticas no provienen de la oposición política ni de sectores marginales. Vienen de trabajadores, exdefensores del Pueblo y organismos internacionales que advierten un deterioro acelerado de la autonomía y credibilidad de la institución. El patrón es claro: silencios ante abusos evidentes, decisiones administrativas cuestionadas y una cercanía peligrosa con el poder político, especialmente con el Congreso y el Ejecutivo.
La Defensoría, que antes era un contrapeso incómodo, hoy parece una oficina decorativa. Donde antes había pronunciamientos firmes, ahora hay comunicados tibios o, peor aún, ausencia total de respuesta. Esa mutación no es casual. Cuando se debilita la independencia técnica, se vacía de contenido la misión constitucional. Y cuando se reemplaza el criterio profesional por la obediencia política, la defensa de derechos se convierte en una simulación.
La alarma ya trascendió el ámbito nacional. La observación internacional sobre la Defensoría peruana no es un gesto protocolar: es una señal de que el país está retrocediendo en estándares básicos de institucionalidad democrática. Pocas veces una entidad encargada de proteger derechos humanos había sido vista con tanta desconfianza desde fuera. El costo reputacional es alto, pero el costo social es mayor: ciudadanos más expuestos, abusos menos fiscalizados y un Estado con menos límites reales.
Mientras tanto, internamente, la institución vive tensiones, desmotivación y denuncias de desplazamiento de personal técnico. El mensaje es devastador: no importa la experiencia ni el compromiso ético, importa la alineación. Así, la Defensoría deja de ser refugio ciudadano y pasa a ser una pieza más del tablero político.
Una Defensoría sin independencia es una Defensoría inútil. Y una Defensoría inútil es un lujo que el Perú no puede darse en medio de violencia, desigualdad y abuso de poder. El deterioro actual no es una anécdota de gestión: es la renuncia explícita a un rol histórico.
Reflexión final
Cuando el guardián se rinde, el abuso avanza sin resistencia. La verdadera tragedia no es solo que la Defensoría haya perdido fuerza, sino que el poder haya aprendido que puede hacerlo sin costo alguno. Recuperar su autonomía no es una opción estética ni un debate académico: es una urgencia moral. Porque un país sin defensor es un país donde los derechos dependen del humor del poder. Y eso, en cualquier democracia, debería ser inaceptable.