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Hay cifras que no describen una crisis: la denuncian. Dos mil ciento trece homicidios en lo que va del año. Veinticinco mil ciento noventa y seis denuncias por extorsión. Y más de un millón trescientos treinta y nueve mil robos de celulares, con apenas un siete coma veintinueve por ciento recuperado. En cualquier país serio, estos números activarían un plan nacional integral, con metas, responsables y presupuesto. En el Perú, activan lo de siempre: un estado de emergencia más, una conferencia más, una foto más. El problema es que la sangre no se suspende por decreto.
En solo nueve semanas del actual gobierno, se registraron trescientos cuarenta y siete homicidios; doscientos cincuenta y ocho por proyectil de arma de fuego. Es decir: un país donde la violencia tiene método, instrumento y rutina. La criminalidad ya no es “delincuencia común”: es economía criminal. Cobra cupos, impone miedo, regula territorios, disciplina a transportistas, bodegueros, ambulantes, emprendedores y empresas. Donde el Estado no llega con justicia y protección, llega el crimen con “servicios” y castigos. Y cuando esa dinámica se normaliza, la extorsión se convierte en impuesto informal y el asesinato en mensaje administrativo.
Lo más grave no es la magnitud, sino la ausencia de conducción. No existe un Plan Nacional Integral de Lucha contra la Criminalidad que ordene al sistema: Interior, Justicia, Fiscalía, Poder Judicial, gobiernos regionales y municipalidades. En su lugar hay medidas aisladas y reactivas: declarar emergencias sin indicadores públicos, sin evaluación independiente y sin rendición de cuentas. La emergencia, así usada, deja de ser herramienta extraordinaria y se vuelve muleta política. Y una muleta no persigue redes criminales: apenas sostiene un discurso.
El Gobierno asegura “líneas claras y estratégicas” en prevención e inteligencia. Bien: que las muestre. ¿Cuántas bandas desarticuladas con sentencia efectiva? ¿Cuántas estructuras financieras golpeadas? ¿Cuántos mercados ilegales intervenidos? ¿Qué metas trimestrales de reducción de homicidios y extorsión existen, en qué distritos, con qué recursos y qué responsables? Sin tablero público de resultados, la promesa es propaganda. Y cuando la gestión se reduce a caminar calles y repetir “mano dura”, se confunde presencia con liderazgo. El país no necesita un gobierno itinerante: necesita un Estado que funcione.
Peor aún: mientras la violencia se multiplica, se diluye la prioridad. Se normaliza el dato como si fuera clima. Y esa normalización es el triunfo del crimen: una sociedad que se acostumbra al miedo termina pagando por vivir, por trabajar y por existir.
El Perú está frente a una decisión histórica: o construye una estrategia integral con coordinación real, inteligencia sostenida, persecución patrimonial, control de armas y justicia que no sea puerta giratoria; o seguirá administrando cadáveres con decretos. La ciudadanía ya entendió el mensaje del crimen: “paga o muere”. Falta que el Gobierno entienda el mensaje de los hechos: sin plan, el Estado se convierte en espectador con banda presidencial.
La pregunta final es incómoda, pero necesaria: ¿cuántas cifras más se necesitan para dejar de gobernar por emergencia y empezar a gobernar con estrategia?.