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Cuando una regidora es asesinada a balazos en una chocolatada infantil, el problema ya no es la inseguridad: es el colapso del Estado. En Sausal, La Libertad, sicarios ejecutaron a Elena Rojas Alcalde mientras niños participaban de un evento navideño organizado por la municipalidad. Hubo heridos, pánico y silencio oficial. La escena es tan brutal como simbólica: en el Perú de hoy, ni la política local ni la infancia tienen protección. Y lo peor es que nadie en el poder parece sorprendido.
Este crimen no fue un rayo en cielo despejado. La regidora ya había sido amenazada y extorsionada; incluso se reportó un intento previo de atentado con explosivos. El aviso existió. El riesgo fue documentado. Pero el Estado, fiel a su costumbre, decidió mirar a otro lado. Y cuando el Estado se retira, el crimen avanza, cobra y ejecuta.
La Libertad no es una excepción: es un laboratorio del fracaso nacional. Sicariato, extorsión, control territorial y asesinatos selectivos conviven con estados de emergencia repetidos, inútiles y ruidosos. Pedro Castillo inició la demolición institucional; Dina Boluarte la administró con parches; y hoy José Jerí continúa el libreto: decretos sin estrategia, policías sin inteligencia suficiente y un Congreso más preocupado en blindajes, reformas a la medida y ampliaciones convenientes que en salvar vidas.
La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿de qué sirve declarar emergencia si los sicarios entran armados a un evento público, disparan frente a niños y se van como si nada? La respuesta es dura: sirve para la foto, no para la gente. Sirve para aparentar control mientras el país se desangra por dentro.
Y esto ya no se limita a autoridades. En Lima, en Pamplona Alta, delincuentes dispararon contra la vivienda de familiares de una regidora municipal. “Confusión”, dijeron. Pero incluso el error revela algo más grave: el crimen se siente tan cómodo que puede equivocarse de objetivo sin temor a consecuencias. Eso no es audacia criminal; es impunidad estructural.
Con las elecciones del 12 de abril de 2026 en el horizonte, el panorama es alarmante. Un país capturado por organizaciones criminales entra a campaña sin garantías mínimas. Autoridades asesinadas, familias aterrorizadas, territorios liberados al miedo. Y un Congreso que legisla como si la violencia fuera un asunto secundario.
Reflexión final
La muerte de Elena Rojas no es solo un crimen: es una acusación directa al poder político. Cuando el Estado no protege ni siquiera a quienes lo representan, deja claro a quién abandonó primero. Si Jerí y el Congreso no pasan del discurso al plan real, el mensaje será devastador: en el Perú, la bala manda más que la ley. Y esa es una vergüenza que no se tapa con ningún decreto.