Foto: La República.
El Perú está normalizando lo que debería escandalizarlo. En la carrera presidencial, cuatro candidaturas concentran el mayor volumen de investigaciones fiscales; sin embargo, por gravedad, recurrencia y efecto político, dos casos destacan como un riesgo mayor para la transparencia: Keiko Fujimori y César Acuña. Esto no es una sentencia anticipada —la justicia decide en tribunales—, pero sí una advertencia democrática: el país no puede seguir entregando poder como si las carpetas fiscales fueran “ruido de campaña”.
Los datos son claros: Rafael López Aliaga registra 16 investigaciones, Keiko Fujimori 13, César Acuña 8 y Álex González Castillo 6. En menor proporción, el resto de candidaturas no muestra esa concentración de expedientes o no alcanza estos niveles de exposición en el sistema fiscal. Es decir, no estamos ante un “todos iguales”. Hay perfiles que arrastran una mochila judicial mucho más pesada y, por tanto, una mayor amenaza de gobernar bajo sospecha permanente.
El caso Fujimori es particularmente preocupante porque no se trata solo de cantidad, sino de calidad de imputaciones y patrón político. Investigaciones vinculadas a presunto lavado de activos y organización criminal, además de diligencias asociadas a procesos electorales, configuran un cuadro que excede la anécdota. No hablamos de una candidata nueva enfrentando denuncias propias de la vida pública; hablamos de una figura central, repetida en la contienda, con un historial judicial que reaparece con distintos nombres, hipótesis y etapas. Y aquí el problema democrático es brutal: ¿cómo pedir confianza para dirigir el Estado cuando el debate público termina girando —una y otra vez— alrededor de su defensa judicial? La Presidencia no es un estrado para litigar en clave política.
César Acuña no se queda atrás. Sus investigaciones incluyen presuntos delitos como tráfico de influencias, concusión y cohecho, es decir, sospechas que tocan el nervio de la función pública: el uso del cargo, la relación con intereses privados, el manejo del poder como moneda. Y eso plantea un conflicto de interés que no se resuelve con frases de campaña: un candidato investigado por presuntos actos vinculados a la administración pública llega con la legitimidad debilitada para prometer limpieza institucional. Un gobierno así nace discutiendo su propio espejo, no la agenda del país.
Los otros dos casos también importan, aunque en un plano distinto. López Aliaga lidera el volumen total de carpetas y arrastra investigaciones asociadas a su gestión y a un expediente empresarial relevante. Álex González registra indagaciones variadas vinculadas a su paso municipal. En menor proporción, aparecen además denuncias policiales y controversias que, sin alcanzar la complejidad de los expedientes más graves, completan un paisaje político donde la rendición de cuentas parece una obligación opcional.
Pero el centro del problema sigue siendo el mismo: la política peruana ha convertido el expediente en parte del uniforme electoral. Se acusa persecución como reflejo, se victimiza al candidato, se pide fe y se desprecia al elector que exige explicaciones. Esa cultura es letal, porque el crimen organizado y la corrupción se alimentan precisamente de Estados debilitados, de autoridades condicionadas y de instituciones capturables.
La reflexión final es incómoda, pero necesaria: presunción de inocencia, siempre. Pero idoneidad política se evalúa antes de votar, no después de lamentar. Si Keiko Fujimori y César Acuña quieren gobernar, deben ofrecer algo que en el Perú escasea: explicaciones exhaustivas, verificables y sin victimismo sobre cada investigación. Porque cuando el poder llega bajo sombras, la transparencia no aparece “más adelante”. Al contrario: el Estado termina trabajando para el expediente del gobernante. Y ese es el camino más corto para que la democracia quede, otra vez, en libertad condicional.