Foto: Argentina Org.
Reniec abrió el registro para que extranjeros residentes puedan votar y también ser candidatos en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de 2026. La medida se presenta como inclusión y modernidad democrática. Pero en el Perú, cuando se toca el padrón electoral, la pregunta no es solo “¿quiénes votan?”, sino “¿quién se beneficia?” y “¿quién controla?”. Porque aquí la democracia no se erosiona por falta de discursos bonitos, sino por exceso de ingenuidad institucional.
Los requisitos parecen simples: ser mayor de 18 años, tener más de dos años de residencia y contar con carné de extranjería. Y la inscripción se abrirá en una ventana concreta del primer trimestre de 2026. En teoría, orden. En la práctica, un país donde el control estatal es irregular, la informalidad domina y la política municipal suele funcionar como botín. ¿De verdad creemos que ampliar el universo electoral sin un blindaje excepcional no será aprovechado por los mismos de siempre?.
Porque el problema no son los extranjeros como personas. El problema es el ecosistema político peruano: un sistema local donde abundan alcaldías convertidas en agencias de empleo, obras con sobrecostos, favores a cambio de votos y redes que entienden el municipio como caja registradora. Dar derecho a votar es una cosa; abrir la posibilidad de ser candidato es otra, mucho más delicada. Significa acceso a presupuesto público, licencias, contrataciones, decisiones urbanas, zonificaciones y poder territorial. En un país donde el tráfico de terrenos y el negocio de permisos han sido moneda corriente en múltiples municipios, esto no es un detalle administrativo: es un frente de riesgo.
Y hay un punto que no se quiere decir en voz alta: en campaña, el voto vulnerable es el más rentable. Y en la política peruana, cuando un voto es rentable, aparecen operadores, promesas, chantajes blandos y “apoyos” que no son apoyos. Si el Estado no garantiza controles sólidos de residencia real, verificación de identidad, fiscalización de campañas y sanciones efectivas, el registro de extranjeros puede convertirse en un nuevo terreno para la misma maquinaria clientelar, solo que con diferentes rostros.
La medida puede ser legítima en el papel, pero el papel no gobierna municipios. El Estado peruano ha demostrado que puede abrir puertas, pero no siempre sabe vigilar lo que entra. Y en política, lo que entra sin control termina mandando.
Reflexión final
Si de verdad se busca inclusión, debe venir con algo que aquí siempre falta: capacidad de fiscalización, transparencia y sanción. Porque la democracia no se fortalece ampliando el padrón como si fuera un trámite más; se fortalece evitando que el padrón se vuelva un mercado. En el Perú, el verdadero riesgo no es quién vota: es quién compra, quién manipula y quién captura lo local mientras la institucionalidad aplaude su propia “modernización”.