Fujimori y Acuña: dos candidatos con investigaciones fiscales

Foto: Inforegión.

El Perú está normalizando una escena que debería incomodarlo hasta el insomnio: candidaturas presidenciales que compiten con investigaciones fiscales en curso, como si gobernar fuera un trámite y rendir cuentas una cortesía. Se nos pide votar con fe, no con información. Se nos invita a mirar propuestas, no expedientes. Y cuando alguien exige explicaciones, aparece el escudo automático: “que la justicia decida”. Sí, que la justicia decida en tribunales. Pero la democracia decide antes, en las urnas, y decide con el único poder que no admite excusas: el voto.

En ese escenario, dos nombres concentran una alarma mayor por gravedad y patrón: Keiko Fujimori y César Acuña. No porque la investigación sea sinónimo de culpabilidad —no lo es—, sino porque el país no puede seguir entregando el Estado a candidatos que llegan condicionados por sospechas vinculadas, precisamente, a los temas que prometen “combatir”: corrupción, captura institucional y uso indebido del poder.

El caso de Keiko Fujimori es particularmente corrosivo para la confianza pública. No estamos ante una candidata novel, expuesta por primera vez a la fiscalización. Es una figura recurrente en la política nacional, con investigaciones que incluyen presuntos delitos como lavado de activos y organización criminal, además de diligencias asociadas a procesos electorales. Cuando una aspirante a gobernar acumula imputaciones de esa naturaleza, no basta con repetir la palabra “persecución” como si fuera una absolución anticipada. La democracia exige algo más simple y más difícil: explicar con precisión qué se investiga, por qué, en qué estado está y qué garantías ofrece de no usar el poder para convertir su defensa en política de Estado.

Porque esa es la implicancia real: un gobierno que nace bajo sospecha tiene un incentivo perverso a gobernar en modo autodefensa. Cada institución autónoma se vuelve un obstáculo potencial, cada fiscal un enemigo conveniente, cada investigación un motivo para polarizar. El país termina discutiendo expedientes mientras la inseguridad crece, la economía se enfría y la corrupción se recicla. La Presidencia no puede ser un estrado permanente, ni el Estado una coraza.

El caso de César Acuña no es menos inquietante, aunque el ángulo sea distinto. Sus investigaciones incluyen presuntos delitos como tráfico de influencias, concusión y cohecho, es decir, sospechas vinculadas al corazón de la función pública: el poder como moneda, la cercanía peligrosa entre interés privado y decisión pública. Aquí el problema no es solo jurídico, es político: ¿cómo sostener un discurso de institucionalidad cuando el propio candidato debe responder por expedientes que cuestionan su relación con el poder? ¿Con qué autoridad moral se promete “orden” si el país teme que ese orden sea, en realidad, un orden conveniente?

Lo más grave no es que existan investigaciones. Lo más grave es el ecosistema que las vuelve tolerables. Partidos que postulan sin filtrar, militancias que defienden sin leer, candidatos que se victimizan sin explicar y ciudadanos que se resignan con el “todos son iguales”. Esa resignación es la mejor aliada de la impunidad. Porque cuando todo se relativiza, nada se exige. Y cuando nada se exige, el poder se captura.

Esta editorial no pide condenas sin sentencia. Pide algo más básico: no convertir la sospecha en costumbre. Presunción de inocencia, siempre. Pero idoneidad política se evalúa antes de votar, no después de lamentar. Si Fujimori y Acuña quieren gobernar, deben ofrecer transparencia completa, verificable y sin victimismo. No “emociones”, no “ataques”, no “campañas sucias”: hechos y documentos.

La reflexión final es dura, pero necesaria: una democracia que elige líderes condicionados termina con un Estado condicionado. Y un Estado condicionado es un Estado débil: perfecto para el crimen organizado, perfecto para la corrupción, perfecto para la captura. La Presidencia no es un refugio de expedientes. Si el Perú insiste en votar con los ojos cerrados, luego no podrá quejarse de vivir en un país donde la rendición de cuentas siempre llega tarde… o nunca llega.

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