Foto: Infobae.
Tesis editorial. El debate sobre la “pensión presidencial” no es un asunto administrativo: es una radiografía moral del poder en el Perú. En medio de escándalos, denuncias y una salida del cargo marcada por la deshonra pública, Dina Boluarte intentó convertir el Estado en herencia personal. Y el Congreso, lejos de actuar por principios, la frenó por cálculo electoral. Aquí no hay virtud: hay conveniencia.
Hechos. Tras dejar la Presidencia, Dina Boluarte presentó ante el Congreso su requerimiento para acceder a una pensión presidencial, y no cualquier pensión: pretendía homologarla con el “sueldazo” que se incrementó a más de 36 mil soles. El país vio, una vez más, el reflejo de una clase política que confunde servicio con botín. La solicitud llegó en un contexto donde se acumulaban cuestionamientos severos: cirugías, relojes de lujo, y un entorno de Palacio señalado por favorecer intereses, con episodios que alimentaron la percepción de captura del Estado. Aun así, la prioridad fue la misma: asegurar beneficios.
Análisis. Lo más revelador no es que la haya pedido; es que la haya pedido sin rubor. En cualquier democracia mínimamente seria, la legitimidad de una pensión para un exmandatario está atada a un estándar elemental: haber ejercido el cargo con integridad y sin convertir la función en plataforma de provecho personal. Si el país discute “pensión” en el mismo párrafo donde discute “escándalos”, la conclusión es inevitable: el poder se concibió como oportunidad, no como responsabilidad.
Pero tampoco conviene idealizar al Congreso por haber rechazado el pedido. No lo hizo por respeto a la ley ni por súbita lucidez ética. Lo hizo porque el calendario manda más que la conciencia: están en modo campaña, no quieren cargar con el costo de aprobar un beneficio impopular, y no están dispuestos a “tragarse el sapo” cuando la ciudadanía observa. En otras palabras, el freno no fue institucional; fue estratégico. Hoy dicen “no” para sobrevivir mañana.
Esta dinámica revela un patrón más grave: el Congreso actúa según el “cliente”. Si es adversario, bloqueo; si es aliado o figura útil, concesión. La regla no es la justicia, es la conveniencia. Se bloquea la pensión a unos y se habilita a otros con generosidad, incluso con devengados, según el interés político del momento. Ese doble estándar no solo erosiona la confianza: convierte al Parlamento en ventanilla de privilegios, donde la ley se interpreta al ritmo del cálculo.
El resultado, por ahora, es que Boluarte se queda sin la pensión presidencial y deberá conformarse con la pensión regular de funcionaria, como cualquier ciudadano. No es venganza ni karma: es lo mínimo esperable de un Estado que, al menos en apariencia, se resiste a premiar el descrédito. Sin embargo, el país no debería celebrar demasiado. Cuando la institucionalidad depende del miedo electoral y no del deber, la moral pública queda a merced de la coyuntura.
Conclusión. Dina Boluarte quiso asegurar su “último beneficio” como si el país le debiera algo, pese al desgaste y los cuestionamientos que marcaron su gestión. El Congreso se lo negó, pero no por decencia sino por conveniencia. La lección es amarga: en el Perú, el poder cae, pero el apetito permanece; y la ética, cuando aparece, suele hacerlo por accidente. Lo urgente no es solo negar una pensión: es cortar de raíz la idea de que gobernar otorga derecho a premio. Porque la Presidencia no es un cajero automático. Y la democracia no puede seguir financiando la impunidad disfrazada de “beneficio”.