Foto: La República.
En el Perú, la “austeridad” suele ser un discurso para la tribuna y el verdadero presupuesto se reparte en silencio, detrás de puertas con letreros técnicos. Esta vez el dato no admite maquillaje: más de S/130 millones fueron destinados a cuatro oficinas del Congreso dirigidas por militantes activos de Fuerza Popular. Y aquí no estamos hablando de curules ni de debates, sino de áreas que deberían ser institucionales, neutrales y profesionales. En teoría. En la práctica, parecen un botín con organigrama.
El cuento se cuenta solo: Departamento de Comisiones, Redacción del Diario de los Debates, Oficina de Participación Ciudadana y Fondo Editorial. Cuatro espacios “técnicos”, cuatro jefaturas con camiseta partidaria, cuatro presupuestos millonarios. La suma total bordea los S/134 millones y, para que nadie se confunda, el más grande de ellos supera los S/65 millones. Es decir: no es un gasto menor, es un centro de gravedad.
¿Y por qué importa? Porque esas oficinas no son adornos. Ahí se asesora, se procesa, se registra, se orienta a la ciudadanía y se decide qué se publica y cómo se cuenta la historia parlamentaria. En otras palabras: se administra poder real con apariencia de rutina administrativa. No se necesita levantar la voz en el hemiciclo si se controla la maquinaria que mueve el hemiciclo.
La parte mordaz es el argumento defensivo, siempre listo: “no hay injerencia partidaria, todo se rige por normativa”. Perfecto: entonces el problema no es solo quién ocupa el cargo, sino la arquitectura que lo permite. Porque cuando los puestos de confianza se reparten sin concursos públicos ni filtros meritocráticos exigentes, la norma se vuelve coartada. Y cuando el Congreso está fuera de reglas más estrictas de servicio civil, la discrecionalidad no es un accidente: es un incentivo.
En un contexto preelectoral, el riesgo es obvio: recursos públicos bajo control de cuadros partidarios en áreas sensibles pueden convertirse en redes de lealtad, planillas infladas, contratos convenientes o presencia territorial disfrazada de “participación ciudadana”. No hace falta inventar conspiraciones: basta con mirar cómo se reproduce el poder cuando nadie fiscaliza con rigor.
No es “mala imagen”. Es un problema institucional: el Congreso administra millones en oficinas clave como si fueran parcelas de confianza política. Y cuando lo técnico se partidiza, el Estado se debilita.
Reflexión final
La pregunta no es si el Congreso puede gastar; claro que puede. La pregunta es cómo y para quién. Porque cuando S/134 millones pasan por manos militantes en áreas que deberían ser neutrales, la ciudadanía no ve representación: ve captura. Y la captura siempre tiene un costo: lo paga la democracia, con el mismo recibo de siempre—desconfianza, impunidad y un Parlamento cada vez más lejos del país real.