(Foto: Infobae). El gobierno de José Jerí ha encontrado una fórmula infalible para “combatir” la inseguridad: anunciar tecnología sin tecnología. La nueva obligación para motocicletas —cambio de placas y una tercera placa con chip— se vende como modernización. Pero se implementa sin lectores, sin sistema operativo y sin infraestructura nacional. Es decir, un chip que nadie puede leer, una regla que nadie puede fiscalizar y un ciudadano que sí puede pagar. Si esto es política pública, entonces el Perú está gobernado por la lógica del adorno.
La medida pretende “mejorar la identificación vehicular”. Perfecto. Solo falta un detalle mínimo: la capacidad de identificar. Sin lectores RFID operativos ni sistemas informáticos funcionando, el chip es un amuleto caro. Y lo peor: no hay información clara sobre licitaciones, presupuesto ni cronogramas para instalar la infraestructura indispensable. Se obliga hoy lo que recién se debería poder controlar mañana. En otras palabras: Jerí ha legislado para el futuro… cobrando en el presente.
El absurdo se profundiza con los Centros de Inspección Técnica Vehicular: el reglamento les exige revisar esa tercera placa, pero no tienen equipos, protocolos ni procedimientos definidos. Se les pide cumplir una obligación materialmente imposible. Y cuando el Estado fabrica imposibles, abre la puerta a lo más peligroso: la discrecionalidad. Hoy no hay lectores, pero mañana puede haber multas. No hay sistema, pero puede haber sanción. En el Perú, la improvisación siempre termina siendo combustible para el abuso.
Aquí hay un patrón: el Estado transforma la inseguridad en una vitrina para aparentar acción. Cambiar placas es fácil; construir un sistema integral de control, inteligencia y fiscalización real es difícil. Así que se elige lo fácil: un decreto, un requisito, un gasto para el ciudadano y una foto con la palabra “chip”. Mientras tanto, el delito que se pretende combatir —robos al paso, sicariato, extorsión con motos— no se reduce con metal y plástico, sino con investigación, patrullaje inteligente, interoperabilidad entre instituciones y resultados medibles. Nada de eso se reemplaza con un gadget obligatorio.
Y el costo político se disfraza de modernidad: si la cosa sale mal, la culpa recaerá en el ciudadano que “no cumplió” o en los centros que “no verificaron”, aunque el Estado nunca les dio cómo hacerlo. Es el arte peruano de exigir sin proveer y sancionar sin construir.
Placas con chip sin lectores no fortalecen seguridad: desnudan incompetencia. Es una política que parece diseñada para recaudar, complicar y simular, no para proteger.
Reflexión final
Un país serio no lanza medidas que no puede operar. Un gobierno responsable no juega con la seguridad ciudadana como si fuera una campaña publicitaria. Si Jerí quiere hablar de tecnología, que empiece por lo básico: sistema, infraestructura y control real. De lo contrario, esto no será modernización: será otro capítulo de la misma historia peruana… donde el Estado improvisa y el ciudadano paga.