(Foto: Canal N). El Perú está jugando con fuego en la Amazonía y, lo peor, lo hace sin mapa. Narcotráfico, minería ilegal, tala y bandas armadas avanzan como economías de ocupación en la triple frontera con Brasil y Colombia, mientras el Estado responde con operativos aislados y discursos triunfalistas. La amenaza no es retórica: si el desgobierno sigue marcando el ritmo —como ocurrió con Pedro Castillo y Dina Boluarte, y hoy empieza a repetirse con José Jerí—, el país corre el riesgo de normalizar lo impensable: parecerse cada vez más a un narcoestado.
En la última semana, una operación binacional Perú–Brasil destruyó más de nueve toneladas de droga, neutralizó campamentos, narcolaboratorios y pistas clandestinas. Es un golpe importante, sí. Pero también es un recordatorio brutal de escala: para destruir toneladas, primero hubo que producir toneladas; para tumbar pistas, primero hubo que construir pistas; para neutralizar laboratorios, primero hubo que instalarlos. La Amazonía no está siendo “amenazada”: está siendo trabajada, loteada y explotada por mafias que diversifican cocaína y oro ilegal para lavar dinero y financiar violencia.
El problema central no es la ausencia de heroísmo policial. El problema es la ausencia de Estado. En la selva, el crimen no solo trafica: administra rutas, controla ríos, recluta mano de obra, impone reglas y compra silencios. Las incursiones de organizaciones transnacionales —incluida la expansión de grupos armados brasileños— muestran que ya no hablamos de delincuencia local, sino de redes con logística, armas y capacidad de captura territorial. Frente a eso, la respuesta peruana sigue pareciendo una suma de “golpes” sin estrategia sostenida: hoy se incinera, mañana se anuncia, pasado se olvida, y al mes la economía ilegal vuelve a crecer en otra orilla del mismo río.
Y aquí aparece el factor más alarmante: el liderazgo político. José Jerí ya roza los 80 días en el poder y no ha sido capaz de convocar a todos los sectores para redactar un Plan Integral Nacional contra la criminalidad organizada y las economías ilegales. En su lugar, insiste en estados de emergencia —una herramienta excepcional— como si fueran política pública. Pero la emergencia, sin plan, es solo administración del miedo. No hay metas verificables, no hay indicadores de territorio recuperado, no hay estrategia para ocupar de manera sostenida las zonas intervenidas, no hay hoja de ruta para cortar insumos químicos, lavado de activos, narcopistas y redes de protección política.
La minería ilegal agrava el escenario: invade áreas sensibles, presiona territorios indígenas, se superpone con cuerpos de agua y se enlaza al circuito del narcotráfico como mecanismo de blanqueo. Cuando el oro ilegal y la cocaína conviven, el Estado no enfrenta “delitos”: enfrenta una economía paralela con vocación de poder.
Un golpe operativo no reemplaza un plan. Un decomiso no reemplaza presencia estatal. Y un estado de emergencia no reemplaza liderazgo. Jerí tiene poco más de doscientos días hasta el 28 de julio de 2026: o construye una estrategia nacional seria —intersectorial, territorial, medible y sostenida— o quedará registrado como otro eslabón del mismo fracaso que dejó al país a merced de mafias.
Reflexión final. La Amazonía no es una periferia: es soberanía. Si el Estado no gobierna ríos, fronteras y territorios, alguien más lo hará. Y cuando ese “alguien” son mafias armadas con coca y oro, la democracia no se erosiona: se subasta.