(Foto: Gentileza). La pregunta parece simple, casi escolar: ¿cuántos maltratadores y asesinos de animalitos están presos en el Perú? Y sin embargo, ahí empieza el escándalo. Porque no hay una cifra pública clara, no hay un registro accesible y no hay transparencia suficiente para saber si la ley se cumple o solo se cita. En un país donde la crueldad animal se viraliza cada semana, que el Estado no pueda —o no quiera— responder cuántos están tras las rejas es, por sí solo, una denuncia.
Denuncias sobran. Indignación también. La ley existe y contempla hasta cinco años de prisión cuando el maltrato provoca la muerte del animal. ¿Entonces? Entonces aparece el Perú real: el de la brecha entre lo que dice la norma y lo que hace la justicia. En 2023 se registraron 1.686 denuncias por crueldad animal y apenas 12 llegaron a sentencia. No es que falte maltrato; falta consecuencia.
La crueldad se repite con un patrón que ya no admite excusas: golpeados hasta morir, ahorcados, arrojados, abandonados. El caso de Susu, ahorcada en plena vía pública y finalmente sometida a eutanasia por el daño, es un ejemplo de cómo la brutalidad no se esconde. Se exhibe. Y se exhibe porque sabe lo esencial: que el sistema suele fallar.
¿Dónde se rompe la cadena? En casi todos los eslabones. La denuncia llega a comisaría y muchas veces es minimizada, como si no “importara jurídicamente”. Luego viene el vacío técnico: no existe una medicina legal veterinaria forense con protocolos inmediatos que sostengan una acusación sólida. Sin peritaje serio, el agresor siempre tiene una coartada barata: “estaba enfermo”, “fue un accidente”, “no fue para tanto”. Y la justicia, sin herramientas ni especialización, termina negociando la pena como si el hecho fuera menor.
Los pocos casos que sí avanzan exhiben el contraste. Lalito, asesinado con machete, terminó con prisión suspendida y sanciones que suenan más a trámite que a reparación. Dashi, apuñalada 18 veces, logró una condena efectiva e inhabilitación definitiva para tener animales. ¿Qué demuestra esto? Que cuando hay presión pública, evidencia y voluntad, sí se puede. Pero el problema es que la justicia no puede depender del escándalo para funcionar.
Si nadie sabe cuántos agresores están presos, el mensaje es obvio: la cárcel es excepción; la impunidad, regla.
Reflexión final
La pregunta inicial no busca morbo: busca Estado. Un país que no puede mostrar resultados contra la crueldad animal está admitiendo que tolera la violencia cuando la víctima no tiene voz. Y esa tolerancia no se queda en los animales: se filtra a la cultura, educa al abusador y degrada la noción misma de justicia. Sin registro público, fiscalías especializadas, peritaje forense y sanciones efectivas, seguiremos preguntando lo mismo cada semana… mientras otros siguen matando sin miedo.