(Foto: Info Región). En campaña, los partidos juran que “la seguridad” será prioridad. Pero cuando uno abre sus planes de gobierno y busca medidas concretas contra el consumo de drogas, el país se topa con una escena conocida: tinta suficiente para el trámite, valentía insuficiente para el problema. En el papel, Fuerza Popular y APP cumplen con presentar documentos ante el sistema electoral; en la práctica, evitan aterrizar propuestas específicas para enfrentar una crisis que ya no es marginal, sino cotidiana en escuelas, familias y barrios donde el microtráfico manda más que el Estado.
El primer síntoma de la irresponsabilidad es el silencio. En el caso de APP, su plan de gobierno ofrece páginas y más páginas, pero no una estrategia seria que hable con claridad de prevención, tratamiento, salud mental, intervención escolar, recuperación comunitaria, control de puntos de venta o fortalecimiento de servicios de adicciones. No se trata de exigir un ensayo académico: se trata de exigir acciones verificables, metas, presupuesto, responsables y cronograma. Un plan que no nombra el consumo de drogas como prioridad nacional, en un país donde el crimen se alimenta de esa cadena, elige mirar a otro lado.
En Fuerza Popular, el abordaje aparece más como un decorado: se menciona el tema de forma aislada y se diluye en generalidades sobre prevención del delito, programas para jóvenes o “convivencia ciudadana”. Todo eso puede sumar, sí, pero no reemplaza una política pública antidrogas. Un país no reduce el consumo con frases amplias ni con promesas tipo catálogo. Se reduce con prevención temprana basada en evidencia, con redes de atención en salud mental, con escuelas protegidas, con trabajo territorial sostenido y con intervención real sobre el microtráfico que opera donde el Estado se vuelve intermitente.
Lo más preocupante es la lógica que subyace: hablar de drogas incomoda, porque obliga a comprometerse con resultados y a tocar intereses. Obliga a explicar qué se hará con la expansión del mercado interno, cómo se protegerá a menores, qué medidas se tomarán para frenar el acceso temprano, cómo se articulará educación–salud–municipios, y cómo se perseguirá la cadena económica del delito sin terminar haciendo espectáculo. Por eso es más fácil refugiarse en “prevención” sin contenido y en diagnósticos sin dientes.
Si Fuerza Popular y APP no presentan medidas concretas contra el consumo de drogas, no estamos ante un olvido técnico: estamos ante una renuncia política a enfrentar una de las raíces silenciosas de la violencia y la descomposición social.
Reflexión final
En 2026, el voto no puede premiar planes que se esconden detrás de generalidades. El consumo de drogas no se combate con omisiones elegantes. Se combate con decisiones incómodas, políticas claras y ética pública. Y cuando un plan no se atreve a lo básico, lo que sigue no es gobierno: es excusa.