(Foto: N60). José Jerí ha dicho que recién a principios de enero presentará el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana multisectorial. El problema no es el anuncio: es el retraso. Después de más de ochenta días de gobierno, el presidente recién promete la herramienta mínima para enfrentar el tema que más miedo produce en el país. En seguridad, llegar tarde no es un tecnicismo: es una renuncia práctica al liderazgo.
Un gobierno no puede descubrir la inseguridad en el mes tres. Si Jerí necesitó más de ochenta días para presentar un plan, la lectura ciudadana es evidente: no fue capaz de liderar ni de redactar una estrategia nacional a tiempo. Y mientras el Ejecutivo se tomaba ese margen, el crimen no se tomó ninguno. Las extorsiones siguieron cobrando, la violencia siguió marcando territorios y la gente siguió aprendiendo la regla más cruel: “mejor paga y calla”.
¿Y qué se hizo mientras tanto? Se recurrió al recurso más gastado de la política peruana: los estados de emergencia. Medida que, en teoría, debe ser excepcional y estratégica, pero que en la práctica se ha convertido en el placebo oficial: se declara, se anuncia, se despliegan uniformes, se toman fotos, y luego todo vuelve al mismo cauce. El estado de emergencia termina funcionando como sustituto del plan que no existe, como si restringir derechos por decreto pudiera reemplazar inteligencia, investigación, control financiero y depuración institucional.
Porque el fracaso no está en la “falta de voluntad” abstracta; está en lo concreto: sin unidades fortalecidas, sin coordinación real con fiscalía y Poder Judicial, sin control interno fuerte en la policía, sin golpe a las economías criminales y sin protección efectiva a quien denuncia, la emergencia es solo ruido. Y el ruido, en seguridad, es el aliado perfecto del delincuente: distrae, desgasta y normaliza.
Jerí insiste en que el plan será multisectorial y territorial. Bien. Pero el crimen ya es multisectorial y territorial desde hace años: financia, infiltra, corrompe, amenaza, recluta. La diferencia es que el delito actúa con continuidad y el Estado con improvisación. Por eso el anuncio de “a inicios de enero” suena a confesión: se perdió tiempo. Y en seguridad, el tiempo no se recupera con optimismo ni con frases de guerra.
Después de ochenta días, anunciar recién un plan es llegar tarde a la obligación más básica del gobierno: proteger.
Reflexión final
Si Jerí quiere que el país le crea, debe pasar del decreto al resultado: metas públicas, cronograma semanal, presupuesto trazable y rendición periódica. Porque los estados de emergencia sin estrategia son apenas eso: emergencias repetidas. Y un país no se gobierna repitiendo parches; se gobierna asumiendo responsabilidad.