(Foto: RPP). Que dos trenes choquen rumbo a Machu Picchu no debería ser “noticia”, debería ser escándalo nacional. Pero en el Perú, la tragedia suele venir con un agregado vergonzoso: la repetición. Ocurrió ahora, con un fallecido y decenas de heridos. Y ocurrió antes, en 2018, con al menos 35 heridos. La pregunta no es si fue “un accidente”. La pregunta es por qué, en la ruta más emblemática del país, seguimos jugando a la ruleta con turistas y trabajadores, como si la seguridad fuera un adorno y no una obligación.
La colisión en el tramo Ollantaytambo–Machupicchu Pueblo, a la altura del kilómetro 88, dejó un muerto: un maquinista. Y dejó también una certeza incómoda: el sistema no está diseñado para impedir lo prevenible. Cuando un hecho se repite, deja de ser mala suerte. Es falla de control, de protocolos, de supervisión y de responsabilidad.
En 2018 ya hubo un choque entre las mismas empresas. Entonces se habló de imprudencia de una persona que cruzó la vía y provocó una cadena de decisiones que terminó en impacto. Pero incluso si ese fue el detonante, el punto es más profundo: ¿cómo puede un sistema ferroviario operar de modo que un cruce intempestivo termine escalando hasta una colisión? ¿Dónde están las barreras físicas, la vigilancia, los mecanismos de bloqueo, las señales, la coordinación operativa y la cultura de “cero tolerancia” al riesgo en una vía que transporta miles de personas?
Machu Picchu es vitrina del Perú. Pero en esta historia la vitrina está rajada. La ruta ferroviaria es parte del corazón turístico y económico del Cusco, y sin embargo el país parece administrar su seguridad como si fuera un detalle secundario: reaccionar después, evacuar después, investigar después, prometer después. Y mientras tanto, la realidad es clara: un choque frontal en la ruta a Machu Picchu no solo mata y hiere; también expone al Perú como un destino donde la infraestructura crítica funciona hasta que deja de funcionar.
Lo más irritante es el patrón de la impunidad institucional. Se anuncian “investigaciones exhaustivas” cada vez que ocurre una tragedia, pero las lecciones no se convierten en cambios estructurales. Se actúa como si el problema fuera el evento aislado, no el sistema que lo permite. Así, el país termina celebrando rescates heroicos —bomberos, policías, médicos— como si eso compensara la falta de prevención. La prevención no luce en titulares, pero salva vidas. Y aquí se la trata como un lujo.
Si en 2018 ya chocaron y en 2025 vuelven a chocar, el diagnóstico es evidente: no hubo reforma real, solo olvido.
Reflexión final
La ruta a Machu Picchu no puede seguir siendo una postal bonita con riesgos invisibles. Si el Estado, los operadores y los reguladores no garantizan estándares estrictos, el Perú seguirá vendiendo maravillas… con seguridad de papel. Y cuando la tragedia se repite, ya no se llama accidente: se llama negligencia acumulada.