(Foto: Smart Data). El Perú cerró 2025 con una postal que ya no admite maquillaje: vivimos el año más violento de nuestra historia reciente. No es una frase para el impacto; son cifras que estremecen y una rutina nacional donde el miedo se volvió parte del horario. La criminalidad no “creció”: se desbordó. Y, para que no haya evasivas, esto no ocurrió en el vacío: Dina Boluarte y José Jerí tienen responsabilidad política directa. No por lo que “heredaron”, sino por lo que decidieron hacer —y no hacer— frente a una crisis que pedía conducción real, no gestos.
Los números retratan el derrumbe. En 2025 se registraron 2.213 homicidios a nivel nacional, un promedio de más de seis muertes violentas por día. El salto no es estadístico: es humano. La extorsión dejó de ser “un delito” para convertirse en un sistema de recaudación paralelo, cobrando cupos a transportistas, bodegueros, comerciantes, emprendedores y empresas formales. El sicariato se normalizó como mecanismo de presión. El secuestro volvió con lógica empresarial: planificación, tortura y —cuando conviene— ejecución.
La tragedia no distingue clases. Ese es el sello del 2025: nadie queda fuera del radio. Desde el mototaxista hasta el empresario, desde el barrio hasta la avenida comercial, todos terminan pagando por vivir. Y si no pagan, se arriesgan a morir. En ese escenario, la pregunta es inevitable: ¿dónde estuvieron quienes tenían el timón?.
Boluarte dejó un país con miedo y una respuesta repetida: estados de emergencia como sustituto de estrategia. Jerí no corrigió el rumbo: lo continuó. La receta oficial fue la misma: decretar, anunciar “mano dura”, recorrer comisarías, multiplicar operativos de vitrina. Pero el crimen no se intimida con papel sellado; se adapta. La emergencia, sin inteligencia sostenida, sin investigación criminal robusta, sin fiscalías fortalecidas, sin control real de armas, sin un sistema penitenciario que no sea escuela del delito, es solo escenografía. Mucho patrullaje para la cámara, poca desarticulación para la realidad.
Mientras la política compite por discursos y poses, las organizaciones criminales compiten por territorios. Ellas sí tienen estrategia, continuidad y objetivos claros. El Estado, bajo Boluarte y Jerí, ofreció reacción tardía y propaganda temprana.
2025 no fue un accidente: fue la consecuencia directa de años de improvisación, corrupción y abandono institucional. Boluarte y Jerí son parte del problema porque administraron la crisis sin un plan serio, dejando que la violencia se convierta en normalidad.
Reflexión final
El país no necesita más decretos para “parecer” firme; necesita resultados para volver a vivir. Si en 2026 seguimos confundiendo seguridad con declaratorias, el Perú no solo recordará 2025 como su año más violento: lo recordará como el año en que, por acción y omisión de sus autoridades, el Estado cedió la calle y el crimen ocupó el vacío.