(Foto: La Razón). Petroperú está en pérdida, pero paga jugosos beneficios a sus trabajadores. Esa frase, por sí sola, debería provocar un escándalo nacional sostenido, no una indignación de un día. Porque no estamos ante un “detalle laboral” ni ante un conflicto técnico: estamos ante una distorsión ética. Una empresa estatal que subsiste gracias a los impuestos de millones de peruanos opera como si la crisis fuera un asunto ajeno, y como si el dinero público fuese un pozo sin fondo destinado a financiar privilegios desconectados de cualquier lógica de resultados.
La situación financiera de Petroperú es crítica: pérdidas acumuladas y deudas con proveedores que, en el mundo real, obligarían a recortes severos, transparencia total y una renegociación inmediata de costos. En cualquier empresa privada, cuando la caja se vacía, se acaba el festival. Aquí ocurre lo contrario: mientras el Estado busca “soluciones”, la planilla mantiene un esquema de beneficios que convierte la austeridad en una palabra decorativa. Es decir: la empresa se hunde, pero algunos siguen cobrando como si estuvieran celebrando un año récord.
La lista de beneficios explica la irritación ciudadana. No hablamos de condiciones mínimas, sino de un paquete que, acumulado, parece diseñado para un país imaginario: doble bono en enero (hasta 100% del sueldo más otro adicional), gratificación vacacional equivalente a un sueldo completo extra, alimentación cubierta incluso durante vacaciones, bonificaciones por escolaridad extendidas por años, reembolsos de servicios domiciliarios y aumentos automáticos por quinquenio sin evaluación de productividad. ¿Qué mide ese sistema? No mide desempeño. No mide eficiencia. Mide permanencia y blindaje. En resumen: recompensa estar, no producir.
Y aquí está el punto central: Petroperú no paga estos beneficios con utilidades, sino con recursos que el Estado termina sosteniendo directa o indirectamente. Cuando una empresa estatal opera con pérdidas, el “beneficio” no lo financia la empresa: lo financia el país. El contribuyente se convierte en patrocinador involuntario de un modelo laboral que no rinde cuentas y que, además, presiona las finanzas públicas como una deuda moral permanente. Mientras tanto, los proveedores esperan, el mercado duda y los sectores esenciales —salud, educación, seguridad— compiten por presupuestos que deberían proteger a la mayoría, no blindar a una minoría.
Lo más grave es la naturalización. Se intenta presentar esto como “derechos adquiridos”, como si la realidad financiera fuese un argumento secundario. Pero un derecho sin sostenibilidad se convierte en privilegio. Y un privilegio sostenido por todos, en injusticia. La indignación pública no nace del resentimiento, sino del contraste: el ciudadano promedio paga más, recibe menos y se acostumbra a servicios deficientes; Petroperú, en cambio, opera como si la crisis fuese un problema de comunicación y no de gestión.
El gobierno de turno anuncia reorganización y medidas extraordinarias. Bien. Pero una reorganización que no toque el corazón del problema será solo maquillaje: si no se revisa el esquema de beneficios, si no se vincula la compensación a productividad, si no se transparenta el gasto y si no se establecen topes y reglas claras, el Estado seguirá poniendo parches a una estructura que premia el desequilibrio. Y cada “rescate” futuro será una transferencia disfrazada: del país real al país corporativo de Petroperú.
La reflexión final es incómoda, pero inevitable: Petroperú no puede seguir siendo un símbolo de cómo el Perú financia su propio abuso. Una empresa estatal no está para sostener privilegios cuando está en rojo. Está para servir al interés público con eficiencia, transparencia y responsabilidad. Si no puede hacerlo, entonces el verdadero debate no es cuánto más inyectar, sino cuánto más tolerar. Porque cuando una empresa pierde y aun así reparte, el mensaje es claro: aquí el riesgo lo paga el ciudadano, y el premio se lo queda la planilla.