(Foto: RPP). En teoría, las elecciones son el momento en que la ciudadanía “elige futuro”. En la práctica peruana, parecen el momento en que el sistema prueba cuánto cinismo soportamos. El dato es brutal y debería bastar para encender todas las alarmas: 9 de cada 10 partidos registraron ante el JNE candidatos con condenas para el 2026. No es un desliz, ni un caso aislado. Es una tendencia. Y cuando lo anormal se vuelve regla, ya no es crisis: es método.
Que un país con extorsión, sicariato y economías ilegales creciendo como hiedra tenga una oferta electoral contaminada no es solo incoherente; es peligroso. Porque el problema no es únicamente que existan personas con sentencias que busquen un cargo público. El problema es el mensaje político: los partidos han renunciado a filtrar, a evaluar, a cuidar la mínima idoneidad moral y legal de quienes pretenden legislar o gobernar.
Los números retratan un ecosistema donde el partido no es una escuela de liderazgo, sino una ventanilla. Se inscribe, se imprime, se postula. Y si hay condenas, se maquilla el discurso: “ya pagó”, “es persecución”, “son errores”, “el sistema es injusto”. Todo menos asumir responsabilidad. Porque aquí los partidos no actúan como organizaciones democráticas, sino como agencias de colocación, donde el currículum importa menos que el arrastre, el apellido, la billetera o la utilidad coyuntural.
Y el ciudadano queda atrapado en una trampa: la ley existe, sí, pero su efectividad depende de lo que se declare y de cuánto se fiscalice. Es decir, la integridad del proceso descansa, paradójicamente, en la buena fe de quienes ya demostraron que la ética es un accesorio. Si hasta la información básica puede ser inconsistente o incompleta, ¿qué queda para el país cuando esa gente llegue al poder con fuero, presupuesto y micrófono?.
El 2026 no se está construyendo como una elección para recuperar la política, sino como una competencia para comprobar cuánto se puede degradar sin que colapse el escenario. Nueve de cada diez partidos con condenados no es una estadística: es una acusación contra el sistema de partidos y contra su desprecio por la ciudadanía.
Reflexión final
La democracia no se defiende solo votando: se defiende exigiendo filtros, castigando a las organizaciones que normalizan antecedentes y rechazando la idea de que “todos son iguales”. Si los partidos convirtieron las listas en un mercado, el elector tiene que convertirse en auditor. Porque cuando la condena deja de ser obstáculo y pasa a ser detalle, lo que se elige no es futuro: es impunidad con logo.