(Foto: Joel Alonzo). En el Perú, la impunidad no siempre entra por la puerta de atrás. A veces entra con firma, sello y publicación oficial. Eso es lo que se siente cuando el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, desactiva los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip: una “reforma” que suena a técnica, pero huele a favores. Porque si algo ha aprendido la política peruana es esto: cuando la justicia se acerca, se cambia el mapa; cuando el expediente avanza, se mueve la cancha; cuando la evidencia aprieta, se inventa “reorganización”.
No nos engañemos: estos equipos no existían por deporte. Existían porque la corrupción peruana dejó hace rato de ser un “caso” y se convirtió en método, en cadena, en red. Lava Jato tocó a partidos, constructoras y financiamientos con perfume a dinero fácil. Cuellos Blancos mostró que parte del sistema judicial podía funcionar como un mercado. Eficcop se metió con la élite: congresistas, ministros, altos funcionarios. Eficavip rozó lo que el poder detesta: responsabilidades por muertes, abusos, decisiones estatales.
Y de pronto, justo cuando el país se calienta rumbo a elecciones, aparece Gálvez con su mejor acto de “Bajada de Reyes”: baja a los que investigan y sube la comodidad de los investigados. Que no nos vendan el cuento de “todo continúa igual”. En el Perú, lo que “continúa igual” suele significar: más papeleo, más trámites, más pasos, más coordinaciones, más burocracia… es decir, más tiempo. Y el tiempo, aquí, es el mejor amigo del corrupto: enfría la indignación, desgasta a los fiscales, fatiga a los testigos, confunde a la opinión pública y abre la puerta al milagro nacional de siempre: que el caso muera “naturalmente”.
Lo más obsceno no es solo la medida. Es el contexto. Estamos en modo electoral: listas en armado, alianzas bajo la mesa, candidatos en maquillaje, congresistas vendiendo “orden” mientras blindan lo suyo. ¿Y qué mejor regalo para esa fauna política que un Ministerio Público menos incómodo, menos concentrado, menos simbólico? Un Ministerio Público que ya no tiene “equipos especiales” sino “subsistemas” donde el ruido se diluye y el titular se evapora.
¿A quién beneficia? No hay misterio: a los actuales congresistas y a quienes pretenden seguir siéndolo. A los candidatos presidenciales que necesitan campaña sin el zumbido de una investigación al oído. Y a las empresas investigadas que no requieren absolución: les basta una pausa, un respiro, una ventana para negociar, mover fichas, estirar plazos. En Perú, la corrupción no siempre busca inocencia; muchas veces busca oxígeno.
Y aquí lo verdaderamente grave: la señal política. La señal de que investigar al poder es negociable, reversible, administrable. Hoy se “desactiva” un equipo; mañana se cambia un coordinador; pasado se recorta presupuesto; luego se “revisa” competencias. Es la misma receta de siempre: no se mata la investigación de frente; se la desangra por procedimiento.
Esto no es una decisión “institucional”. Es una decisión con impacto electoral. Y por eso es una vergüenza. Porque cuando la Fiscalía desmonta sus herramientas más emblemáticas en la antesala de las urnas, el mensaje al país es brutal: tranquilos, investigados: viene temporada de alivio.
Reflexión final
Si la justicia se vuelve un accesorio que se enciende y se apaga según la conveniencia política, entonces el Estado deja de perseguir el delito y pasa a administrarlo. Y cuando un fiscal de la Nación interino ejecuta medidas que favorecen al poder que debería investigar, ya no estamos ante un funcionario: estamos ante un operador.
Tomás Gálvez no “reordena” la Fiscalía: la pone al servicio de la política. Y cuando la política captura a la Fiscalía, el país no avanza: se acostumbra a vivir arrodillado ante la impunidad.