(Foto: Infobae). Si en 2026 los gremios de transporte evalúan un nuevo paro en Lima y Callao, el problema no es el paro: el problema es que el “cupo” —la tarifa criminal— está reemplazando al Estado como autoridad efectiva en calles, rutas y paraderos. Cuando la extorsión fija precios, impone condiciones y decide quién trabaja y quién muere, no hablamos solo de “inseguridad”: hablamos de pérdida de control y de un deterioro ético intolerable para cualquier democracia.
El 2025 cerró con un saldo de violencia que no admite normalización: 121 ataques reportados y, al menos, 73 transportistas asesinados, además de atentados con armas, explosivos e incendios que dejaron un mensaje de impunidad. En ese escenario, se multiplicaron las protestas y paralizaciones: aproximadamente una por mes, con un punto crítico en Fiestas Patrias, cuando el transporte se detuvo 48 horas exigiendo medidas efectivas. Hoy, el inicio de 2026 repite la misma escena con un agravante: el “cupo” se incrementa —se denuncia que se triplica— y los ataques reaparecen en zonas donde la ciudadanía ya vive con miedo.
El Gobierno, en lugar de conducir, administra la crisis. En 90 días, el país esperaba liderazgo: un plan nacional contra la criminalidad con metas, responsables, presupuesto, cronograma y evaluación pública. Lo que se percibe, sin embargo, es otra cosa: estados de emergencia que se suceden como si fueran política pública. Y ahí reside la paradoja: la excepción se vuelve rutina, y la rutina se vuelve resignación.
Un Estado que responde solo con medidas extraordinarias, pero sin estrategia sostenida, termina ofreciendo una promesa frágil: presencia momentánea, resultados dispersos y retorno inevitable del delito. La extorsión prospera porque opera como un sistema: recauda, sanciona, comunica y se adapta. Si la respuesta estatal no tiene inteligencia, investigación, persecución patrimonial y coordinación interinstitucional real —Policía, Fiscalía, Poder Judicial, municipios y sector transporte—, el crimen seguirá cobrando, aunque cambien los discursos.
Más grave aún: la normalización del “cupo” instala una ética perversa. Pagar para trabajar se vuelve “lo posible”; callar para sobrevivir, “lo prudente”; y protestar, “lo incómodo”. Ese es el terreno donde el autoritarismo criminal se disfraza de orden, mientras la política mira a otro lado o reduce el problema a anuncios.
La responsabilidad principal recae en el Estado: garantizar vida, libertad de trabajo y seguridad ciudadana. Si el transporte está en alerta, es porque el país percibe que se gobierna con parches. Y si dentro de los gremios existen debilidades o intereses, ello no excusa al poder público: la seguridad no puede depender del equilibrio interno de dirigencias, sino de instituciones que funcionen.
El Perú no puede aceptar que la extorsión sea un impuesto paralelo. Urge un plan integral con tres ejes verificables: (1) desarticular redes de cobro y sicariato con inteligencia e investigación financiera; (2) protección focalizada por corredores y horarios críticos, con logística y mando claro; y (3) medidas de formalización y trazabilidad que reduzcan la vulnerabilidad de empresas y conductores.
La pregunta es directa: ¿manda la ley o manda el “cupo”? Cada día sin un plan serio acerca una respuesta equivocada. Y cuando esa respuesta se consolida, el paro deja de ser amenaza: se convierte en consecuencia.