En plena ola de extorsiones y asesinatos, el país esperaba conducción. Pero el Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, decidió ofrecer otra cosa: minimizó el paro de transportistas y, como si no bastara, los señaló como posibles integrantes de bandas criminales. Es una salida cómoda: cuando no puedes frenar el delito, al menos puedes insinuar que la víctima “algo tendrá que ver”. Y así, de paso, el Gobierno se ahorra la parte incómoda: rendir cuentas.
Álvarez dijo que hay “malos transportistas” que dan información o incluso integran organizaciones delictivas. Nadie discute que el crimen infiltra donde puede. Lo criticable —y alarmante— es el uso político de esa posibilidad: tirar sospechas al aire justo cuando un sector anuncia paralización por miedo real. Es una jugada vieja: si el reclamo te incomoda, ensúcialo. Si la protesta te deja mal, conviértela en conspiración. Si no tienes resultados, cambia el foco.
La mordacidad aquí no es un estilo: es un mecanismo de defensa ciudadana. Porque cuando el premier habla así, el mensaje que se instala es brutalmente simple: “Si protestas, te etiqueto”. Y esa lógica se parece demasiado a la que usa el crimen: primero te señalan, luego te aprietan. La diferencia es que uno lo hace con amenazas; el otro, con micrófono y cargo público.
También dijo que el paro tendría motivaciones políticas, vinculadas a elecciones. Perfecto: entonces, según el Gobierno, cuando te matan o te cobran cupos, lo que realmente te mueve es la campaña. Es casi una burla institucional. No hay nada más fácil que llamar “político” a un grito de desesperación cuando tú no subes a una unidad pensando si volverás a casa.
El problema central no es que Álvarez sospeche. El problema es que sospecha hacia abajo, contra el ciudadano, y no hacia la estructura que permite el avance del delito. Porque mientras se acusa al transportista, ¿dónde está la estrategia integral, la inteligencia operativa, la coordinación real, la protección efectiva? ¿Dónde está el Estado que persigue redes, corta financiamiento, recupera territorios y desarma extorsiones? En su lugar, tenemos lo de siempre: discursos, estados de emergencia, y ahora, además, culpa distribuida al que reclama.
Si el premier tiene pruebas, que actúe: denuncie, muestre, procese. Pero insinuar sin evidencias públicas es irresponsable: criminaliza la protesta, fractura a la sociedad y le sirve al delincuente, que vive de la división y del miedo.
Minimizar el paro y sospechar del sector no resuelve la inseguridad: la agrava. Es una manera elegante de decir “no puedo” sin pronunciarlo.
Reflexión final
Un Gobierno serio protege al ciudadano y persigue al criminal. Un Gobierno perdido hace lo contrario: acusa al que protesta y deja que el delito siga trabajando con puntualidad. Y si esa es la respuesta del premier, entonces no solo está fallando la seguridad: está fallando la idea misma de Estado. (Foto: La República).