Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos. No es un rumor de pasillo ni un “detalle administrativo”: es una vergüenza y un hecho repudiable. Porque mientras el país exige patrullaje, respuesta rápida y presencia policial, parte del parque automotor del Estado estaría atrapado en manos de quienes, por formación y juramento, debieron ser los primeros en dar el ejemplo.
El hecho desnuda una lógica peligrosa: algunos altos mandos parecen confundir “asignación por función” con “propiedad por jerarquía”. La institución les entregó camionetas y autos para cumplir labores policiales; pasaron al retiro y, en lugar de devolverlos, se aferran. Como si el retiro viniera con un paquete de beneficios no escrito: “Gracias por sus servicios, aquí está su vehículo estatal, úselo como si fuera suyo”. Ese no es un beneficio: es un abuso.
Lo escandaloso no es solo la retención. Es el mensaje institucional que proyecta: si quienes dirigieron la PNP se resisten a devolver bienes públicos, ¿con qué cara se exige respeto a la ley en la calle? ¿Cómo se sostiene el discurso de autoridad cuando el ejemplo se rompe desde arriba? La criminalidad se combate con inteligencia y operatividad, sí, pero también con legitimidad. Y la legitimidad se desangra cuando el ciudadano ve que la ley no es igual para todos.
La mordacidad aquí no es antojadiza: es inevitable. Porque, en la práctica, esto se parece a un “secuestro” elegante. No hay encapuchados ni amenazas, solo silencio, evasivas y la cómoda certeza de que nada pasa. Si un ciudadano común retuviera un bien del Estado, la respuesta sería rápida. Pero cuando el que retiene es un alto oficial, aparece el misterio peruano: el expediente camina lento, las decisiones se dilatan, y la devolución se convierte en una negociación interminable.
Y cada día que esos vehículos no retornan, el país pierde doble: pierde recursos públicos y pierde confianza. En plena crisis de seguridad, cada unidad cuenta. No se trata de “fierros”: se trata de capacidad operativa, de movilidad, de presencia. En un país sitiado por la delincuencia, no hay espacio para privilegios disfrazados de olvido.
Lo de estos cien oficiales en retiro no es un caso menor: es un síntoma de impunidad. El Estado no puede pedir disciplina si tolera indisciplina desde la cúpula.
Reflexión final
Si queremos una Policía fuerte, primero necesitamos una Policía íntegra. Y la integridad empieza por lo básico: lo que es del Estado se devuelve. Todo lo demás —comunicados, discursos, promesas— es puro maquillaje. Porque mientras algunos se quedan con lo público como si fuera privado, la delincuencia aprende la lección más peligrosa: en el Perú, la ley se respeta… según el rango. (Foto: La República).