Mañana 14 de enero, desde las 00:00 horas, Lima y Callao amanecerán con paro de transportistas. No es un capricho gremial ni un berrinche político: es el síntoma visible de una ciudad secuestrada por la extorsión y el sicariato. Cuando el volante se vuelve blanco móvil y la ruta diaria se paga con miedo, el paro deja de ser protesta y se convierte en grito de supervivencia.
Los dirigentes han sido claros: denuncian una “falta total de prevención”, crímenes que se repiten con frecuencia y un sistema que no protege a quienes mueven la ciudad. Se habla incluso de que una gran mayoría de conductores es extorsionada desde hace años y de que las bandas, con la naturalidad de una empresa formal, suben sus tarifas. La criminalidad ya no solo mata: administra.
El dato político no es menor: a José Jerí le quedan 198 días para dejar el gobierno. Y en casi cien días no ha sido capaz de hacer lo mínimo que exige una crisis de esta magnitud: liderar, convocar y construir un Plan Estratégico nacional contra el crimen organizado. En lugar de eso, el país ha recibido el mismo menú de siempre: estados de emergencia que suenan contundentes en conferencia de prensa, pero que en la calle se sienten como un cartel: “siga esperando”. Si la emergencia fuera solución, hoy estaríamos celebrando. Pero las muertes y las extorsiones continúan, y el transporte público lo sabe con el cuerpo.
La prueba de esa política de papel está en la Ley 32490, que crea una unidad de élite entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial para enfrentar el crimen organizado. Fue promulgada, sí. Pero sin reglamentación operativa, responsables designados, presupuesto ni estructura, es —como dicen los propios transportistas— un documento muerto. En el Perú, la criminalidad corre con presupuesto propio; el Estado, con trámites.
El paro anuncia la dimensión del hartazgo: se estima que unas 22.000 unidades dejarán de operar. No es solo una paralización; es una advertencia: si el Estado no garantiza el derecho a la vida, el derecho al trabajo se vuelve una ruleta.
El 14 de enero no debería explicarse como un “problema de tránsito”, sino como un fracaso de gobernanza. Cuando el crimen organiza la economía del miedo y el gobierno administra decretos, la ciudad termina paralizada.
Reflexión final
La pregunta incómoda es simple: ¿cuántos paros más necesita el poder para entender que esto no se resuelve con discursos ni emergencias repetidas? Si Jerí no convoca ya a todos los sectores y no convierte las leyes en operativos reales, su cuenta regresiva no será política: será el conteo de días que le quedan al Estado antes de perder del todo la calle. (Foto: Infobae).