El Perú llega a abril con una paradoja que ya no da risa, da temor: la ciudadanía pide un presidente “honesto” y con “mano dura”, pero la oferta electoral parece diseñada para que esa combinación sea un mito. La encuesta de Ipsos, publicada por Perú21, muestra que 44% quiere un líder fuerte que ponga orden contra la delincuencia y la corrupción, y que 49% prioriza honestidad e integridad como criterio decisivo de voto. El problema es que la política peruana lleva años especializándose en lo contrario: prometer firmeza y entregar excusas, jurar integridad y dejar sospechas.
La demanda de “mano dura” no cayó del cielo. Creció con la extorsión, los homicidios, el miedo cotidiano y la sensación de abandono. La gente no pide discursos: pide que el Estado vuelva a existir. Pero lo que se ofrece, con frecuencia, es marketing de seguridad: frases duras, gestos severos y soluciones instantáneas para cámaras y redes. Y aquí aparece la primera trampa: como se advierte en el análisis recogido por Perú21, el marco institucional limita la imposición de esa mano dura. Entonces se instala el negocio perfecto: candidatos que venden autoridad sabiendo que, si fallan, siempre podrán culpar al sistema. Prometer es fácil; ejecutar es otra cosa.
La segunda exigencia —honestidad— no es romanticismo: es reacción. El país ya se acostumbró a ver autoridades investigadas, redes de influencia, financiamientos opacos y un Estado que a veces parece administrado por la viveza antes que por la ética. Por eso no sorprende que, según la misma medición de Ipsos difundida por Perú21, la corrupción aparezca como uno de los problemas principales, compitiendo palmo a palmo con la delincuencia.
Y cuando la corrupción apunta al sistema de justicia, la alarma es mayor. Si el ciudadano sospecha del Poder Judicial y del Ministerio Público, no solo pierde confianza: pierde protección. Un país donde las instituciones se contradicen, desacatan o se bloquean mutuamente se vuelve un país donde el delito avanza y la ciudadanía se resigna. Por eso la “mano dura” se vuelve demanda popular: no por gusto, sino por supervivencia.
En este contexto, se menciona que candidaturas como las de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga intentan capitalizar el clima de firmeza. Pero el dilema real no es quién habla más fuerte, sino quién puede construir un plan serio y sostenible: inteligencia contra el crimen, reforma penitenciaria, control de economías ilegales, coordinación territorial y una justicia que funcione sin convertirse en espectáculo.
Lo que revela la encuesta de Ipsos publicada por Perú21 no es un capricho del electorado: es una emergencia nacional. Honestidad y seguridad no son “atributos deseables”; son condiciones mínimas para no seguir cayendo.
Reflexión final
A menos de tres meses, el Perú no necesita un salvador de pose dura, sino un liderazgo honesto con capacidad real. Porque cuando la política convierte la firmeza en eslogan y la integridad en adorno, el resultado es siempre el mismo: gana el ruido, pierde el ciudadano. Y el país ya no está para elegir entre promesas duras y gobiernos blandos. (Foto: Perú 21).