El Mundial 2026 debería ser una fiesta global del deporte. Sin embargo, en Estados Unidos se perfila otra escena: la posibilidad de que el dispositivo de seguridad se convierta, en la práctica, en un mecanismo de presión migratoria. ICE ya confirmó que será “parte clave” de la seguridad del torneo, y su director evitó comprometer una pausa de operaciones en torno al evento. El mensaje que reciben millones de migrantes es claro: antes que espectadores, podrían ser objetivos de control.
Nadie discute la obligación del Estado de prevenir terrorismo, trata, explotación infantil, ciberdelito o falsificación de boletos. El problema aparece cuando esa necesidad legítima se mezcla con una agencia que arrastra serias controversias por detenciones improcedentes y procedimientos cuestionados en cortes federales. Cuando esa historia institucional se traslada a un megaevento de máxima exposición, la desconfianza no es exageración: es precaución democrática.
Además, el Mundial en EE.UU. se está organizando bajo lógica de gran despliegue federal: grupo de trabajo de la Casa Blanca, coordinación desde DHS y clasificación de alto riesgo SEAR, con recursos extraordinarios y presencia interagencial. Ese marco puede ser útil para proteger, sí, pero también puede ampliar márgenes de discrecionalidad si no existen límites públicos, verificables y auditables.
Aquí está el punto de quiebre: seguridad sin garantías es poder sin control. Si no hay reglas explícitas que separen seguridad del evento y persecución migratoria en perímetros, rutas de acceso y fan zones, la “protección” puede transformarse en disuasión social. El resultado sería grave: familias que no asisten por miedo, trabajadores que evitan zonas mundialistas, comunidades enteras que viven el torneo como amenaza y no como celebración.
Y eso tendría un costo político e institucional enorme. Porque un Estado democrático no puede pedir confianza mientras mantiene ambigüedad sobre cómo actuará su aparato coercitivo en el mayor evento deportivo del planeta.
Si ICE quiere participar en la seguridad del Mundial, la carga de la prueba le corresponde a ICE: protocolos públicos, límites operativos, supervisión independiente y canales de denuncia rápidos. Sin eso, la promesa de orden suena a excusa para el control selectivo.
Reflexión final
El Mundial 2026 dejará una imagen histórica. La pregunta es cuál: ¿la de un país que protegió a todos con reglas claras, o la de un torneo donde la seguridad se usó para sembrar miedo en los más vulnerables? Cuando el poder no se limita, el abuso no avisa: se normaliza. Y ese sí sería un autogol moral. (Foto: LR).