El Jurado Nacional de Elecciones ha puesto fecha límite: la ONPE tendrá hasta el 7 de mayo para culminar el recuento de votos de las actas observadas. La decisión busca cerrar una etapa marcada por retrasos, incertidumbre y cuestionamientos que han debilitado la confianza pública en el proceso electoral. Cuando una elección necesita extenderse varias semanas para definir con claridad sus resultados, el problema ya no es solo técnico: es político e institucional.
Las audiencias públicas de recuento comenzaron el 20 de abril y se desarrollan con transmisión oficial y supervisión de los Jurados Electorales Especiales. El procedimiento consiste en abrir los sobres lacrados, revisar las cédulas y volver a contar los votos cuando el acta original presenta inconsistencias que no pueden resolverse mediante cotejo. El objetivo es garantizar transparencia, pero también evitar que la duda siga gobernando el debate nacional.
Hasta el 21 de abril, el JNE informó que se habían recibido más de 31 mil actas observadas y que el 96,82% ya había sido procesado. Sin embargo, aún persistían cientos de casos enviados a recuento formal. Los Jurados Electorales Especiales con mayor carga fueron Cusco, Huancayo y Pacasmayo, lo que demuestra que la revisión no es menor ni anecdótica.
Las observaciones responden a cinco causas principales: errores aritméticos, falta de firmas de miembros de mesa, datos incompletos, ilegibilidad e inconsistencias entre votos emitidos y electores registrados. También existen casos en los que un candidato obtiene más votos preferenciales que su propia organización política, lo que obliga a una revisión rigurosa. Es decir, no se trata de caprichos partidarios, sino de fallas que afectan la validez formal del resultado.
Pero el problema real no está solo en el acta observada, sino en la percepción ciudadana. Cada día adicional sin resultados definitivos alimenta sospechas, discursos de fraude y desconfianza hacia las instituciones electorales. El país ya arrastra el desgaste de retrasos logísticos, denuncias y la renuncia del jefe de la ONPE. En ese escenario, cada demora pesa más de lo normal.
Poner un plazo era necesario. La democracia no puede vivir indefinidamente en estado de recuento. El 7 de mayo debe representar el cierre de una etapa de incertidumbre y no el inicio de nuevas excusas.
Reflexión final
El voto ciudadano no puede quedar atrapado entre expedientes, plazos extendidos y explicaciones tardías. La transparencia no solo exige revisar actas; exige instituciones capaces de prevenir errores antes de que se conviertan en crisis. Si una elección termina dependiendo de semanas adicionales para recuperar credibilidad, el problema no está solo en el conteo: está en todo el sistema. (Foto: Infopress).