Rafael López Aliaga anunció una denuncia penal contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por presunta omisión de funciones. Según el candidato de Renovación Popular, Burneo debió suspender las elecciones generales la noche previa al 12 de abril debido a las demoras en la entrega del material electoral en Lima. La acusación es seria y debe seguir su curso legal. Pero también exige una lectura política: López Aliaga aparece tercero en el conteo y su reclamo llega cuando la posibilidad de quedar fuera de la segunda vuelta se vuelve cada vez más concreta.
Nadie puede negar que el proceso electoral dejó señales preocupantes. Hubo retrasos, fallas logísticas, denuncias sobre material electoral, actas observadas y una sensación de desorden que golpeó la confianza ciudadana. Por eso, el JNE y la ONPE deben responder con transparencia, precisión y rapidez. Las instituciones electorales no pueden pedir confianza mientras dejan zonas grises sin explicar.
Sin embargo, denunciar penalmente al presidente del JNE por no suspender toda una elección nacional abre una discusión mayor. Suspender comicios no es una decisión menor ni un acto administrativo simple. Implica alterar el calendario electoral, afectar derechos políticos y generar consecuencias institucionales de enorme magnitud. Por eso, una medida así exige fundamentos sólidos, no solo indignación política posterior.
El punto incómodo es el momento. López Aliaga plantea la denuncia cuando el conteo lo ubica fuera de la segunda vuelta. Eso no invalida automáticamente su reclamo, pero sí obliga a observarlo con cautela. En democracia, los candidatos tienen derecho a impugnar, denunciar y acudir a las vías legales. Lo que no tienen derecho es a convertir cada falla del sistema en combustible para deslegitimar el proceso completo si el resultado no les favorece.
Aquí hay dos responsabilidades simultáneas. La primera corresponde a los organismos electorales: explicar qué ocurrió, sancionar errores y garantizar que cada voto válido sea respetado. La segunda corresponde a los políticos: actuar con pruebas, no con presión; con argumentos, no con amenaza permanente. Porque cuando la justicia penal se usa como altavoz de campaña, el país termina atrapado entre la sospecha y el espectáculo.
La denuncia de López Aliaga contra Roberto Burneo debe investigarse conforme a ley. Pero también debe evaluarse con rigor ciudadano. No se puede blindar a ninguna autoridad electoral, pero tampoco se puede normalizar que la derrota probable se tramite como denuncia penal.
Reflexión final
El Perú necesita verdad sobre sus elecciones, no más ruido sobre sus heridas. Si hubo omisiones, que se sancionen. Pero si la denuncia busca presionar al árbitro cuando el marcador no conviene, entonces el problema ya no es solo electoral: es una peligrosa forma de entender la democracia como válida únicamente cuando favorece al denunciante. (Foto: La Noticia).