La denuncia sobre la compra de medicinas de dudosa procedencia en EsSalud exige una respuesta inmediata, seria y transparente. No se trata de una adquisición cualquiera, sino del Factor IX, medicamento vital para pacientes con hemofilia. Cuando una institución encargada de proteger la salud de millones de asegurados aparece vinculada a una compra cuestionada, con presunto sobreprecio y un proceso acelerado, la preocupación deja de ser administrativa y se convierte en alarma pública.
Según la información difundida, EsSalud adjudicó a la empresa GOA Medical Distributor la adquisición de 26.576 viales de Factor IX por un monto superior a S/ 25,8 millones. El proceso habría sido realizado el 20 de abril en apenas 25 minutos: convocatoria, publicación de bases, presentación de propuestas, evaluación y otorgamiento de la buena pro. Además, se señala que cada vial tendría un costo de S/ 973,18, cifra que duplicaría ampliamente el valor aproximado de productos reconocidos en el mercado internacional.
Estos elementos, por sí solos, merecen investigación. La rapidez del procedimiento, el monto comprometido y la sensibilidad del medicamento obligan a preguntar quién autorizó la compra, qué controles técnicos se aplicaron, qué garantías sanitarias tiene el producto y por qué se eligió esa oferta.
En salud pública, la transparencia no es una cortesía: es una obligación moral. Cada medicamento comprado con recursos públicos debe responder a criterios de calidad, necesidad, seguridad y precio justo. Mucho más cuando se trata de pacientes vulnerables cuya vida depende del acceso oportuno a tratamientos especializados.
Lo más grave es que este caso aparece en un país donde los asegurados enfrentan largas esperas, falta de medicamentos, citas postergadas y hospitales saturados. Mientras miles de pacientes escuchan que “no hay stock”, el sistema parece encontrar velocidad cuando se trata de cerrar compras millonarias. Esa contradicción indigna y golpea la confianza ciudadana.
No se puede comprar medicina sensible con procedimientos que dejan dudas. No se puede invocar urgencia para justificar opacidad. Y no se puede tratar la salud como si fuera un mercado disponible para operadores, intermediarios o decisiones tomadas entre pocos.
Desde esta tribuna, la exigencia es clara: EsSalud debe transparentar todo el expediente de contratación. Debe informar qué evaluación técnica se hizo, cuántos proveedores participaron, qué certificaciones respaldan el medicamento, cuál fue la comparación de precios y qué funcionarios intervinieron en la decisión.
La Contraloría, el Ministerio Público y las autoridades sanitarias deben actuar sin demora. Si hubo sobreprecio, negligencia o favorecimiento indebido, deben establecerse responsabilidades. Y si el producto no ofrece garantías suficientes, su distribución debe revisarse con máxima cautela. La salud pública no puede ser botín, negocio ni experimento. EsSalud no pertenece a partidos, funcionarios ni proveedores. Pertenece a los asegurados.
Comprar medicinas de dudosa procedencia en EsSalud, si se confirma la denuncia, sería una falta grave contra la confianza pública y contra los pacientes. Aquí no solo está en juego un contrato millonario. Está en juego la vida de personas que dependen del Estado para sobrevivir. Cuando la salud se maneja con sombras, el daño no se mide solo en soles. Se mide en miedo, abandono y desprotección. Y un Estado que no cuida la medicina que entrega, tampoco cuida la vida que dice defender. (Foto: Salud con Lupa).